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Ley de emergencia argentina unifica la oposición contraria a algunos visos de autoritarismo
El Peronismo ha cedido parcialmente, suprimiendo un polémico artículo que daba al presidente la libertad para reformar el Estado El gobierno de Alberto Fernández libra su primera gran batalla parlamentaria del momento que el programa para afrontar la dramática situación económica argentina contiene varios puntos que otorgan al poder Ejecutivo un poder casi total. Y la oposición no está dispuesta a transigir ante lo que considera rasgos de autoritarismo.
El Peronismo ha cedido parcialmente, suprimiendo un polémico artículo que daba al presidente la libertad para reformar el Estado, pero las cosas no estarán claras hasta este jueves, cuando arranque el debate en el pleno de la Cámara de Diputados.
Los rasgos esenciales del programa de emergencia van haciéndose perceptibles: implica un ajuste presupuestario muy duro, con cargas fiscales severas sobre casi todos los sectores menos los más desfavorecidos, y aspira a que el dólar deje de ser un factor decisivo en la economía argentina.
Esto último constituye una vieja ambición nunca satisfecha y se ha convertido en un círculo vicioso que lleva décadas girando. El impuesto del 30% sobre la adquisición de dólares o cualquier forma de pago en esa divisa ya ha disparado la cotización del dólar informal y en los hechos implica que Fernández ha iniciado su mandato con una nueva devaluación.
“No estamos improvisando”, dijo el presidente durante una reunión con empresarios, a los que aseguró que el cuadro macroeconómico era aún más oscuro de lo que suponían. Desde el peronismo se intenta justificar la petición de plenos poderes para afrontar una situación crítica. Pero el cierre de filas de la oposición ha obligado a retirar un artículo que decía lo siguiente: “Facultase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
Pese a una redacción entreverada, la oposición entendió de inmediato que eso implicaba conceder a Fernández la facultad de hacer lo que se le antojara con más de 60 organismos Estatales, que incluían desde la vigilancia presupuestaria hasta el espionaje, sin ningún control de Congreso. Y Fernández retrocedió.
La oposición es variopinta (macristas, radicales, extrema izquierda) y carece de un líder visible, pero sus portavoces aseguran que los escaños opositores se ausentarán de la Cámara de Diputados si el Gobierno no suaviza su megaproyecto; la ausencia supondría falta de quorum para debatir la ley.
Otro elemento del programa de emergencia que enfurece a la oposición es el referido a las pensiones. El Gobierno pide seis meses de moratoria en las actualizaciones de los pagos a los jubilados porque dice que el sistema implantado en 2017 por Macri es inflacionario, y hace falta pensar otro. En la práctica, eso supone congelar las pensiones (menos las más bajas, para las que se establecen bonificaciones extraordinarias) durante medio año.
No cuesta deducir que tras la moratoria se oculta un intento de recortar el gasto público. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el lunes la situación a la que se enfrenta: no tiene acceso a los mercados de crédito, al menos hasta que se renegocie la deuda, y no puede imprimir moneda porque la inflación pasaría de alta (55% anual) a altísima, y por tanto, la única opción pasa por subir impuestos y reducir el gasto para lograr el equilibrio presupuestario.
