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Alberto Fernández planifica fuerte inyección de ingresos para promover el consumo y la economía
Uno de los puntos centrales del paquete dispone el pago de un aumento salarial universal para la totalidad de los trabajadores, planes sociales y jubilaciones Mientras termina de delinear el equipo de colaboradores que lo acompañará desde el 10 de diciembre al frente de la gestión nacional, el presidente electo de Argentina Alberto Fernández apura la definición de un paquete integral de medidas que pretende anunciar apenas desembarque en la Casa Rosada en la apuesta de mejorar los ingresos de trabajadores, jubilados y sectores más vulnerables; contener el alza de precios y ofrecer señales de recomposición del consumo que permitan reactivar el sector productivo.
Según los planes del nuevo jefe de Estado, las iniciativas se oficializarán rápidamente tras la asunción (algunos referentes de su entorno mencionan el 11 o 12 de diciembre) y conformarán una primera etapa de medidas que se completarán semanas después con el paquete de proyectos de ley que enviará al Congreso para su aprobación en el marco del período de sesiones extraordinarias, que se extendería hasta el 31 de enero próximo.
En el borrador de las medidas ya trabajan varios de los futuros funcionarios de Alberto Fernández. Esas conversaciones involucran por una parte a Claudio Moroni, confirmado para ocupar el Ministerio de Trabajo desde el 10 de diciembre, y a los próximos responsables de Economía (la definición del ministro aún sigue en suspenso); la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y el Banco Central, que serán encabezados por Mercedes Marcó del Pont, Alejandro Vanoli y Miguel Pesce respectivamente, según confirmaron voceros del Frente de Todos.
Uno de los puntos centrales del nuevo paquete dispone desde diciembre el pago de un aumento salarial universal para la totalidad de los trabajadores, un incremento en el monto de los planes sociales y el aumento de las jubilaciones adicional a la prevista para el mismo mes por efecto de la aplicación del índice de movilidad.
“El objetivo es elevar la pirámide social en términos de ingresos”, explicó un sindicalista que participó de la reunión que dirigentes de la cúpula de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) mantuvieron el martes por la tarde con Moroni.
La idea es que el incremento salarial, que se fijaría mediante un decreto del futuro Ejecutivo, tenga el formato de una suma fija inicialmente de carácter no remunerativa pero con posibilidades de ser tomada a cuenta de los aumentos que se acuerden en futuras negociaciones paritarias. El monto de la suma, que también alcanzará a los trabajadores estatales, y dependerá del estado de las cuentas públicas con los que se encuentren Alberto y sus colaboradores. aún no está definida
De acuerdo con las previsiones que hacen entre los sindicalistas, lo mínimo del aumento debería ubicarse entre los US$ 83 y US$ 117.
“Con este esquema se logra mejorar los ingresos de los que cobran menos, lo que no permite un aumento porcentual”, argumentó otro gremialista. En cuanto al alza futura de jubilaciones, las fuentes deslizaron que el monto aún no está definido, aunque se especula que estará por debajo del incremento de los sueldos.
“Por movilidad los haberes se van a ubicar por encima de US$ 234. Ahora hay que ver las cuentas para determinar cuánto será el aumento adicional”, comentaron.
El próximo gobierno ya negocia con los principales sectores empresarios para garantizar el pago de esos aumentos.
A cambio ofrecería a las empresas diversos beneficios impositivos y fiscales que le compensen en parte la mayor erogación salarial. El resto, según justifican en el entorno de Alberto, se financiará con un aumento del consumo.
“Con más plata en el bolsillo, habrá más consumo y los empresarios tendrán más ingresos por volumen que por rentabilidad”, apuntaron
El otro eje sensible de la discusión con los empresarios involucra un acuerdo para el congelamiento de los precios de una canasta de entre 300 y 500 productos básicos por un período mínimo de 6 meses. Se sumaría al proyecto para congelar los precios de productos que integran el plan de “Primero el Hambre” que la gestión de Todos pondrá en marcha apenas asuma y que será coordinado por Daniel Arroyo, futuro ministro de Desarrollo Social con la asistencia de otros ministerios, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, figuras públicas, sindicatos y movimientos sociales.
