El gobierno de Brasil modificó, para suavizarla, una polémica norma de julio pasado que regulaba la deportación sumaria y prohibía la entrada de personas consideradas peligrosas para la seguridad del país.
La nueva medida, publicada en el Diario Oficial y firmada por el ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, sustituye al texto anterior, objeto de duras críticas por parte de la Fiscalía General, entidades de juristas y organizaciones que dan asistencia a migrantes y refugiados.
La ordenanza inicial permitía la deportación sumaria de personas peligrosas o que hayan practicado acto contrario a los principios y objetivos de la Constitución brasileña.
Según ese texto, el Ejecutivo consideraba como personas peligrosas a los sospechosos implicados en terrorismo; crimen organizado; tráfico de drogas, de personas o armas de fuego; pornografía o explotación sexual infantil; e hinchas con historial de violencia en estadios de fútbol.
Pero la norma publicada ahora elimina el término sumaria y aclara que no se procederá a la repatriación o deportación de ningún individuo, cuando existan razones para acreditar que tal acción puede poner en riesgo la vida o la integridad personal del extranjero.
También destaca que ésta no se aplica a los extranjeros residentes debidamente regularizados en el país, como tampoco a las personas reconocidas por el Estado brasileño como refugiadas.
Además, amplía el plazo de dos a cinco días para que el individuo que sea notificado para su deportación presente su defensa ante las autoridades o deje el país de manera voluntaria.