Las protestas y piquetes ganan terreno en una Argentina marcada por la puja política de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo y por una situación económica que se ha agravado en el último mes, detonando múltiples demandas sociales y sindicales.
El “agosto negro” que vivió el país en términos financieros, con un verdadero terremoto en los mercados y consecuencias severas en la economía real, ha tenido su correlato en las calles, con movilizaciones, bloqueos y acampadas de protesta en todo el país.
Un total de 524 piquetes es el saldo de agosto, la cifra más alta de cortes de protesta en lo que va del año, según el registro mensual que lleva la consultora Diagnóstico Político y que revela que los reclamos bajo esta metodología tuvieron un impactante aumento del 36 % en comparación con julio último.
De acuerdo con el informe de la consultora, a la cabeza de los bloqueos en agosto han estado las organizaciones sociales, con 149 cortes, seguidas por los trabajadores estatales, fuerzas políticas, sindicatos del sector privado, vecinos y grupos de desempleados.
Lejos de calmarse las aguas, todo hace prever que septiembre superará las cifras de agosto debido a un endurecimiento de las protestas, particularmente de los movimientos sociales, que esta semana han protagonizado una acampada de dos días en el centro de la capital.
Sus demandas son múltiples: prórroga de la ley de emergencia alimentaria que obliga a incrementar la provisión a comedores comunitarios, aumento del número de beneficiarios de subsidios sociales que paga el Estado y alzas en los montos de estas ayudas.
A estos se añaden reclamos de creación de puestos de empleo y de reapertura de negociaciones salariales en un contexto de alta inflación, que en agosto fue del 54,5 % interanual.
Las organizaciones detrás de las movilizaciones configuran un mosaico muy complejo, con grupos que son desprendimientos de sindicatos, otros surgidos desde las bases sociales durante la grave crisis de 2001 y algunos con un funcionamiento más cercano a una fuerza partidaria.
Su tinte político también es diverso: unas se alinean con el peronismo tradicional, otras con el kirchnerismo o con la izquierda más dura, un dato no menor en un contexto electoral tenso de cara a las presidenciales de octubre, para las que el peronista Alberto Fernández se perfila como favorito para imponerse al presidente Mauricio Macri, que aspira a la reelección.
Pero las organizaciones también van a las calles con un ánimo diverso, ya que mientras las ligadas al peronismo y al kirchnerismo y emergidas de ámbitos barriales buscan presionar al Gobierno para obtener más beneficios económicos, las agrupaciones ligadas a la izquierda dura lo que pretenden es ganar visibilidad en un año electoral.
El escenario es complejo porque en muchas protestas, como la acampada de dos días la semana pasada incluyó escaramuzas de los manifestantes con los policías. Los reclamos han pasado además esta semana de las calles a los centros comerciales, donde una de las agrupaciones protagonizó una protesta que ha encendido, sobre todo en el sector empresario, la luz de alerta al recordar lo más álgido de la crisis de 2001.
Durante aquel estallido social, comercios y supermercados eran saqueados en todo el país, agitando una espiral de violencia y represión que terminó con una treintena de muertos. Ahora, con una inflación en alza y el índice de pobreza, que ya afecta a un tercio de la población argentina, a la subida, la amenaza de volver a los supermercados está latente.
En tanto la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, de raigambre peronista y que ha realizado cinco huelgas generales durante el Gobierno de Macri -la última en mayo pasado-, se comporta con mayor cautela desde el agravamiento de la situación, una actitud que opera en este momento como un “factor estabilizador”, en apoyo a Fernández.
En efecto ante el complicado panorama Alberto Fernández ha solicitado a los manifestantes mantenerse fuera de las calles.