En un país que se destaca hace mucho tiempo como ejemplo de los principios de libre mercado en América Latina, dos jóvenes comunistas captan buena parte de la atención en los círculos de gobierno.
Un proyecto de ley laboral presentado por las diputadas chilenas Camila Vallejo y Karol Cariola, quienes saltaron a la fama como líderes del movimiento estudiantil hace ocho años, acumula amplio respaldo y pone a las parlamentarias del Partido Comunista en la mira del presidente conservador del país, Sebastián Piñera.
En el centro del debate está una propuesta para reducir el tope de horas de trabajo semanales del país de 45 a 40 horas. Piñera tilda el proyecto de inconstitucional y prometió llevarlo al Tribunal Constitucional si se aprueba. El mandatario respondió con su propia propuesta, que hasta ahora no ha logrado el mismo nivel de apoyo. Para Piñera, la disputa laboral y el estancamiento de varias de sus iniciativas en el Congreso están lejos de lo que proyectaba cerca del punto medio de su segundo gobierno.
Fue elegido a fines de 2017 tras prometer introducir grandes reformas a fin de propiciar un auge económico. Ahora se anticipa que el crecimiento se enfríe en un contexto en el que importantes proyectos de ley que buscan modificar los sistemas tributario y de pensiones permanecen trabados, justo cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China reduce los precios del cobre, la principal exportación del país.
El gobierno debería establecer la agenda y utilizar su capital político, comentó Macarena Lobos, quien se desempeñó como subsecretaria de Hacienda de la antecesora de Piñera, Michelle Bachelet, en una entrevista concedida al programa de radio Pauta. En lugar de eso, está quedando de lado en sus reformas clave.
En tanto la economía chilena ya da señales de debilitamiento y el Banco Central redujo su estimación de crecimiento para este año de 3,6% a 2,8%. El índice bursátil de referencia del país, IPSA, ha bajado cerca de un 6% este año, mientras que la medición MSCI EM Latin America no muestra mayor variación.
En Chile, el presidente tiene la facultad de decidir lo que se debate a nivel legislativo, lo que hace que la popularidad del proyecto de las parlamentarias comunistas sea aún más sorprendente. Vallejo, de 31 años, se dio a conocer durante el primer gobierno de Piñera al liderar manifestaciones estudiantiles contra el sistema educativo de Chile. Cientos de miles de personas se unieron a las protestas, intensificadas por el descontento producto de la desigualdad.
La respuesta de Piñera incluyó un cambio de gabinete y un nuevo fondo de educación, pero los estudiantes chilenos no quedaron satisfechos. Sus índices de aprobación se derrumbaron mientras que Vallejo se convirtió en una estrella en ascenso del Partido Comunista, con importante apoyo popular. Encuestas de 2011 arrojaron que era aún más admirada que Bachelet y la famosa cantautora revolucionaria Violeta Parra.
Cariola, de 32 años y también joven activista del Partido Comunista, se unió a las filas de los líderes estudiantiles y viajó por el mundo con Vallejo como representante del movimiento. Llegaron a la Cámara de Diputados en 2014, convirtiéndose en poderosas parlamentarias de izquierda y adversarias de Piñera.
El proyecto de ley de Vallejo-Cariola tiene como objetivo reducir la carga laboral en un país que figura sexto en el total de horas trabajadas entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Las parlamentarias, con el objetivo de incrementar la productividad y reforzar la calidad de vida, mencionan como ejemplo que países europeos como Francia han implementado medidas similares con resultados positivos.
La propuesta legislativa fue aprobada por la Cámara Baja y obtuvo el 74% de apoyo popular en una respetada encuesta chilena. Luego tendrá que ser objeto de discusiones particulares antes de pasar al Senado.
Piñera, cuya aprobación bordea el 34% según la encuesta Cadem, presentó una iniciativa que permitiría contratos más flexibles y rebajaría el total mensual a 180 horas de trabajo, un promedio de 41 por semana. Estaba en el Senado cuando su ministro de Trabajo anunció el 8 de agosto que se le daría suma urgencia, lo que implica plazos para que el Congreso vote sobre el texto.
Asociaciones empresariales han manifestado su oposición al proyecto de ley de Vallejo-Cariola, argumentando que dañaría la productividad y elevaría los costos laborales para las empresas del país en hasta en un 12%.