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Juicio en Nueva York contra YPF podría costarle a Argentina unos US$ 3.000 millones
Tras el fallo de la Corte, el caso vuelve al tribunal de Loretta Preska en el segundo distrito Sur de Nueva York, heredera de Thomas Griesa 
Bajo el gobierno de Cristina Fernández y el ministro Axel Kicillof se ignoró y descartó el estatuto y se procedió a la estatización de YPF La Corte Suprema de Estados Unidos dio un duro revés a Argentina al desestimar el pedido para que una demanda por la estatización de la petrolera YPGF se resuelva ante los tribunales argentinos, al confirmar la jurisdicción de una corte de Nueva York, según consignan las agencias de información.
Por tanto Argentina enfrenta a la posibilidad de tener que pagar hasta US$ 3.000 millones en el juicio que mantiene con el fondo Burford, pues tras el fallo el expediente volverá al tribunal de Loretta Preska en el segundo distrito Sur de Nueva York, heredera de Thomas Griesa, juez determinante en el juicio que iniciara anteriormente el “fondo buitre” de Paul Singer, con papeles de deuda argentinos.
La situación se generó el 22 de mayo pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump, a través del procurador federal Noel Francisco, resolvió recomendar a la Corte que el juicio que se le sigue Argentina por la manera en que se re-estatizó la petrolera, permanezca en los tribunales norteamericanos.
Argentina sabe de estas cosas con el famoso “juicio del siglo” que perdió con los holdouts y fondos buitre durante la segunda gestión de la presidente Cristina Fernández
La Corte le había pedido al Gobierno de Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó al hecho como un buen augurio. Se especulaba con que las muy buenas relaciones entre el presidente de EEUU y Mauricio Macri harían que, al menos, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que el clima financiero se estabilizara y Argentina pudiera volver a los mercados para tomar deuda y liquidar el pasivo que deje la causa.
Sin embargo, la opinión de Francisco fue negativa en mayo (algo que Argentina descartaba), y además lo hizo de manera rápida y contundente. Francisco podía haber esperado hasta principios de noviembre para dar su dictamen.
El hecho de haber adelantado los tiempos hace comenzar a correr también el reloj de la Corte que tiene ahora cuatro semanas para anunciar su decisión. El gobierno de Macri esperaba que la resolución de la causa pasara a 2020. No pudo ser. Para el segundo semestre del año ya se sabrá cuánto deberá pagar Argentina.
La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio casos judiciales con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en ese país, pero que al momento de la re-estatización ya había abandonado.
El Grupo Petersen las había presentado en concurso en los tribunales de Madrid, luego de la re-estatización de YPF en 2012 y al no poder pagar las cuotas de la operación pactada para el ingreso del grupo argentino a la petrolera. Petersen había contraído la deuda con el compromiso de liquidar el ingreso a partir de los giros de dividendos, pero una vez que se re-estatizó la empresa, el Gobierno prohibió la distribución de ganancias. Como el Grupo Petersen no contaba con los dólares para seguir con los pagos, y ante la imposibilidad de tomar deuda en el exterior a tasas razonables, presentó Petersen Energía y Petersen Energía Inversora en concurso en Madrid.
Es en ese momento en que entra en acción Burford. Compró la causa a la Justicia española en menos de US$ 30 millones, reclamando por la manera en que el Gobierno nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Allí Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
Pero durante la re-estatización, el Gobierno de Cristina Fernández no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego que en el recinto el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior afirmando: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Esta frase es ahora una de las argumentaciones centrales de Burford en la causa que tiene que definir la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Burford emitió un comunicado celebrando la decisión y recalcó que ahora la resolución sobre la jurisdicción es definitiva. “Esto continúa una serie ininterrumpida de victorias para el caso Petersen en los tribunales. Si bien estamos satisfechos con esta decisión, es importante enfatizar que esta decisión se relaciona únicamente con una cuestión jurisdiccional preliminar y no presagia ningún resultado en particular en el litigio subyacente”, aclararon desde el área de Finanzas del fondo de inversiones.
En el mismo comunicado, Burford informó que se desprendió de otro 10% del juicio en el mercado secundario por US$ 100 millones, lo que deja a Burford con el 61,25% de su derecho original, que se estima tiene un valor total de US$ 1.000 millones. Con esta venta, Burford ya generó US$ 236 millones en ingresos por las ventas del caso Petersen.
“La venta fue a 11 inversionistas institucionales y fue significativamente sobre-suscrita. Incluyendo compradores anteriores, ahora hay aproximadamente 40 inversores institucionales que participan en el mercado secundario de Petersen”, reveló Burford, quien se comprometió a retener hasta 50,1%. Por ese motivo, no se descarta la puesta en venta del 11,15% restante.
