Las conferencias matutinas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se han convertido en una trinchera contra sus detractores y una sala de diagnóstico sobre la crisis de seguridad, el desabastecimiento de gasolina o el conflicto por la aprobación de su reforma educativa.
Y este martes, después de atajar la legalización de la marihuana, el hallazgo de 222 fosas clandestinas durante su Gobierno y retar a la calificadora Moody's por el costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, el mandatario se ha dado tiempo de anunciar la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado, un canal para transformar los recursos confiscados por corrupción y a la delincuencia en presupuesto para programas sociales.
El cálculo de López Obrador es obtener este año al menos 1.200 millones de pesos (poco más de 60 millones de dólares) en bienes e incautaciones.
Estamos definiendo cómo vamos a devolver el dinero, en algunos casos va a ser directo a las sociedades de padres de familia de las escuelas, para el mantenimiento, para la construcción de unidades deportivas, para ambulancias, para caminos, todo lo que pueda hacerse con este apoyo, dijo López Obrador.
Las reacciones al anuncio han oscilado entre quienes aplauden la decisión de restituir el saqueo perpetrado por funcionarios corruptos y quienes creen que es una ocurrencia y una burla, empezando por el nombre. Son dos extremos los que dominan el debate público: es el triunfo del presidente o es el primer atisbo de una amenaza autoritaria.
Automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo, todo se le va a devolver a la gente, ha asegurado López Obrador, que llegó al Gobierno mexicano tras vencer de forma aplastante en las elecciones de julio pasado con la promesa de erradicar la corrupción e instaurar un cambio de régimen, la llamada Cuarta Trasformación.
En el discurso del presidente, el combate a la corrupción no es sólo una bandera política, sino la fuente de recursos que financiará esa transformación. Desde la campaña, si había dudas sobre el origen y la suficiencia del dinero para llevar a cabo su proyecto de Gobierno, la respuesta era inequívoca. Sostengo que el problema de México no es la falta de presupuesto, sino la corrupción, ha repetido el mandatario en la mañanera de este miércoles.
El argumento gubernamental es ser más transparente sobre lo que pasa y quién se beneficia de las confiscaciones. El contra argumento de sus detractores es que el Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado ya existe —el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría de Hacienda— y que un anuncio de esta naturaleza va en clave populista por el destino de los recursos y porque el combate a la corrupción no se ha traducido en resultados tangibles: detenciones de políticos corruptos, juicios a personajes de alto perfil, avances en la trama de Odebrecht en México.