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Martes, 23 de abril de 2019 - 16:43 UTC

Maduro contrata a estudio de abogados españoles para lidiar con sanciones y embargos

Miércoles, 20 de marzo de 2019 - 10:31 UTC
El contrato que se firmó a fines de enero se ha rubricado con la Procuraduría General de Venezuela
El contrato que se firmó a fines de enero se ha rubricado con la Procuraduría General de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro contrató a un estudio de abogados español para que le asesore ante sanciones y embargos en el contexto del cambio político que se está fraguando en Venezuela, a fin de proteger sus bienes en el exterior.

El encargo, a Lupicinio Abogados, es un acuerdo marco en el que se cubre la Administración del Estado de Maduro, pero también las personas físicas que la conforman: el propio Maduro, sus ministros y altos cargos, según ha podido saber Expansión y ha confirmado con el bufete.

El contrato que se firmó a fines de enero se ha rubricado con la Procuraduría General de Venezuela, equivalente a la Abogacía General del Estado en España. Se ha elegido esta fórmula jurídica porque la

Procuraduría pende de la Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó, lo que, a juicio de la firma de abogados, proporciona cobertura por ser un organismo reconocido por Estados Unidos, la UE y España.

La Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República.

“Es un organismo que tiene facultades de contratar por el interés de la República cuyo máximo representante lo designa la Asamblea Nacional, de mayoría no oficialista y cuyo presidente no es oficialista”, destaca la firma de abogados.

El estudio asesora a la Administración del Estado de Maduro en un área en la que está especializado, embargos y sanciones de la UE, EEUU y la ONU. El contrato con la Procuraduría General de Venezuela también incluye a las personas físicas en el caso de sanciones y embargos.

Desde el despacho explican que se ha acordado que cada encargo que plantee la Procuraduría será analizado por un comité deontológico interno que decidirá si aceptarlo o no. Es decir, se trata de un marco en el que el bufete tiene libertad para aceptar los trabajos o no hacerlo, insisten, y destacan que todavía no han recibido ningún encargo. El contrato tiene de límite temporal el 31 de diciembre, fecha en la que se analizará su renovación.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó la semana pasada que el Gobierno de EEUU pidió a España estudiar la posibilidad de acoger a destacados líderes chavistas para resolver el conflicto en Venezuela.

Borrell dijo: “El secretario de Estado, el señor Pompeo, tenía la preocupación de saber si, en el caso de que algunas personas y sus familiares quisieran abandonar Venezuela, podrían ser acogidos en algunos países que han reconocido al presidente Guaidó”. El Gobierno, explicó, respondió que estudiaría la propuesta que, de momento, no se ha concretado.

Preguntado por estas declaraciones en una entrevista con Expansión, el embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri, las consideró “una buena noticia porque delata el desmoronamiento del régimen y la búsqueda de salidas. Es el comienzo del principio del fin; el principio del fin, sin duda”.

Sin embargo, sobre el futuro de Maduro, Ecarri considera que “los implicados en delitos de lesa humanidad, actos de corrupción y narcotráfico no pueden ser exonerados, nunca. Confiamos en la justicia penal internacional, tenemos abogados acreditados en la Corte Penal en La Haya para comenzar acciones”.

Respecto a los activos financieros del régimen, el embajador de Guaidó asegura que están haciendo “seguimiento a esos capitales. La Asamblea Nacional ha promulgado la ley para perseguir sus capitales en el sistema financiero mundial”. Para ello, cuentan con “los países que luchan contra la corrupción del sistema financiero y bufetes españoles a ver si es posible congelar activos del Estado venezolano que sabemos que se encuentran en el sistema financiero español”. Los expertos calculan que la fuga de capitales de Venezuela asciende a cerca de US$ 400.000 millones desde 2003.