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Uruguay rechaza asilo a Alan García; expresidente se retira de la residencia del embajador
Alan García se retiró esta mañana poco antes de la conferencia de Vázquez en su auto particular de la residencia del embajador uruguayo en Lima 
Vazquez sostuvo que se dejaron de lado opiniones políticas en el rechazo del pedido de asilo y se estudiaron más de “1.000 hojas” enviadas por el gobierno peruano. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez anunció este lunes junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa que no se concederá el asilo político al ex presidente peruano Alan García. El rechazo al pedido se debe a que en el Perú “funcionan libremente” los tres poderes del Estado, dijo Vázquez.
En conferencia de prensa luego de Consejo de Ministros, el presidente uruguayo precisó que tomó en cuenta, a la hora de tomar una decisión final sobre el pedido de asilo, que el ex mandatario peruano está siendo investigado por presuntos delitos económicos, en referencia al presunto pago de US$100.000 que le hizo la constructora Odebrecht por una conferencia que brindó en Brasil y por irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima.
El canciller Nin Novoa citó el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954 que establece que “no es lícito” conceder asilo a personas que al tiempo de pedirlo estén siendo procesadas por delitos comunes o hayan sido inculpadas por estos.
Vazquez sostuvo que se dejaron de lado opiniones políticas en el rechazo del pedido de asilo y se estudiaron más de “1.000 hojas” enviadas por el gobierno del presidente peruano, Martín Vizarra, con información sobre la causa. ”Llevamos adelante un profundo estudio de la situación” junto a la cancillería, aseveró el presidente uruguayo.
Según informó la prensa de su país, García, investigado por la Justicia peruana, se retiró esta mañana poco antes de la conferencia de Vázquez en su auto particular de la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros.
García residió durante 15 días en este lugar debido a que las autoridades de su país habían anunciado el cierre de fronteras para él durante 18 meses.
La Fiscalía está investigando sobornos por un total de más de US$ 24 millones que Odebrecht ha reconocido haber pagado a los sucesivos gobiernos peruanos entre 2005 y 2016.
