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Nicaragua descalifica a Amnistía Internacional que denuncia ejecuciones extrajudiciales

AI dijo en Berlín que dos hombres -de 22 y 34 años- y un joven de 16 años habrían fallecido ejecutados con disparos de armas de fuego de la Policía Nacional

Amnistía Internacional (AI) dijo el jueves en un informe que documentó al menos seis “posibles ejecuciones extrajudiciales” en Nicaragua, en el marco de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Las manifestaciones comenzaron a mediados de abril luego de que Ortega presentó un plan para reducir los beneficios de los pensionados. El Gobierno después dio marcha atrás sobre la medida, pero su respuesta severa generó más protestas contra la gestión del mandatario.

AI dijo en el informe presentado este jueves en Berlín que dos hombres -de 22 y 34 años- yun joven de 16 años habrían fallecido ejecutados con disparos de armas de fuego de la Policía Nacional Antimotínes mientras huían de un tiroteo el 24 de julio.

Los otros tres “posibles ejecutados” son un policía que habría renunciado a su cargo y dos jóvenes que murieron el 13 de julio cuando estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua se atrincheraron durante 18 horas en una iglesia de Managua, agregó el organismo.

El subprocurador de derechos humanos de Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, desestimó el informe argumentando que existe un interés político para perjudicar al gobierno. “Amnistía Internacional está desautorizado para emitir informe alguno (sobre la crisis en Nicaragua)”, dijo Jarquín Ortel en su oficina en Managua.

“Aquí vino Bianca Jagger (activista de derechos humanos que acompañó a AI durante su visita al país) y lo primero que hizo fue emitir opiniones políticas contra el gobierno del comandante Ortega”, agregó.

El funcionario nicaragüense dijo que ha podido constatar que hubo violaciones a los derechos humanos, pero en las barricadas que levantaron en las calles los manifestantes como método de protesta contra el Gobierno.

AI mencionó en su informe que documentaron además 12 casos de tortura. “En todos los casos la finalidad de la autoridad era generar dolor o sufrimiento en las personas y fabricar evidencia testimonial contra líderes estudiantiles y sociales”, detalló.