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Justicia peruana condena a cadena perpetua a cúpula de Sendero Luminoso
Las labores de inteligencia lograron la captura de Guzmán dos meses después, el 12 de septiembre de 1992, junto a su cúpula en una discreta casa de Lima 
El 16 de julio de 1992, un comando de Sendero colocó un vehículo cargado con 500 kilos de dinamita que dejó 25 muertos, 155 heridos y 360 familias damnificadas Los históricos líderes de Sendero Luminoso, encabezados por su fundador Abimael Guzmán, de 84 años, fueron condenados este martes cadena perpetua por el atentado más devastador cometido en la capital de Perú, Lima, hace 26 años, que dejó 25 víctimas en la calle Tarata y que aceleró su captura en 1992.
Al cabo de un mega-juicio de 20 meses de duración, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional condenó por terrorismo a Abimael Guzmán, a su esposa y número dos de Sendero, Elena Yparraguirre, Osmán Morote, Florindo Flores, Óscar Ramírez, María Pantoja, Laura Zambrano, Florentino Cerrón, Edmundo Cox y Margot Liendo.
El 16 de julio de 1992, un comando de Sendero colocó un vehículo cargado con 500 kilos de dinamita en la estrecha calle Tarata, en el centro del municipio limeño de Miraflores, que, al explotar, destruyó varios edificios y dejó 25 muertos, 155 heridos y 360 familias damnificadas. Este atentado fue el más grande cometido por Sendero en la capital peruana, en una de las zonas más adineradas de Lima, y alzó las alarmas de las fuerzas de seguridad en el entonces gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para dar con los responsables.
Las labores de inteligencia de la Policía Nacional lograron la captura de Guzmán dos meses después, el 12 de septiembre de 1992, junto a su cúpula en una discreta casa de Lima. Dos de los integrantes del Comité Central de Sendero, Margot Liendo y Osmán Morote, habían obtenido su arresto domiciliario en abril pasado, tras concluir sus sentencias por otros casos, pero tras la lectura de la sentencia fueron nuevamente detenidos para ser trasladados a prisión. Otra de las implicadas en la denuncia, Elizabeth Cárdenas Huayta, fue absuelta del delito de terrorismo, y todos los integrantes de la cúpula fueron absueltos, por falta de pruebas, del delito de tráfico ilícito de drogas.
A su vez, la Sala reservó la sentencia para Moisés Limaco, que salió del país a pesar de estar incluido en el mega-juicio por el caso Tarata. El abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, insistió en que el fundador de Sendero ”ha señalado, desde antes del juicio, que (el atentado de Tarata) ha sido un error político que fue hecho por un organismo del partido“, al intentar deslindar su responsabilidad. No obstante, la Sala afirmó que no se trató de ”un hecho aislado“, al hacer uso de un auto bomba, ”una de las formas de lucha y acción planificada y calificada de buena acción“ por el Comité Central de Sendero.
El atentado fue cometido por Socorro Popular, un estamento militarizado de Sendero, que venía ejecutando acciones que respondían al Comité Central, indicó la resolución, como parte de sus planes de llevar la guerra ”del campo a la ciudad”. Socorro Popular comunicaba sus acciones al Comité Central, dirigido por Guzmán, y entre sus acciones se incluían el aniquilamiento, sabotaje y la propaganda con el fin de alcanzar la conquista del poder en todo el país, precisó el juzgado.
Además, la sala les impuso el pago solidario de 400 millones de soles (117 millones de dólares) como reparación civil. La Fiscalía apeló la decisión sobre las imputaciones de tráfico de drogas bajo el supuesto que las fuerzas remanentes de Sendero han obtenido recursos para sus acciones dando protección a las mafias del narcotráfico en el país. Los cabecillas de Sendero intentaron frustrar la lectura de la sentencia con la renuncia de sus abogados, lo cual fue resuelto con letrados de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, que fueron designados el pasado 28 de agosto para evitar que aleguen indefensión y el inicio de un nuevo proceso judicial.
Sendero Luminoso fue fundado por Guzmán a finales de los años 70 con el objetivo de destruir el Estado peruano y refundarlo bajo una ideología maoísta, lo que causó un conflicto que dejó más de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, la mayoría a cargo del grupo subversivo, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
