Donald Trump, aprobó tres órdenes ejecutivas para desproteger a los trabajadores públicos haciendo más fácil su despido y reduciendo el tiempo que pueden dedicar a labores sindicales. Desde la campaña presidencial, Trump ya mostró su interés en reducir el aparato laboral administrativo de Washington, al que acusó de estar lleno de “derroche, fraude y abuso”.
En enero, en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, Trump pidió al Congreso “que empodere a cada secretario del Gobierno con la autoridad de recompensar a los buenos trabajadores, y de despedir a los empleados federales que socaven la confianza pública o le fallen al pueblo estadounidense”.
Las órdenes ejecutivas aprobadas van en esa dirección, aunque un futuro presidente demócrata podría suspenderlas.
La primera de las órdenes facilita el despido de trabajadores con bajo rendimiento o que hayan incurrido en mala conducta, reduciendo de 120 a 30 los días de gracia que se les otorga para mejorar su desempeño antes de la toma de una decisión final.
El Gobierno de Trump defiende que actualmente toma entre seis meses y un año despedir a un trabajador, a lo que siguen ocho meses de litigio. La segunda medida ordena a los departamentos y agencias reducir a menos de un año los periodos para negociar contratos con los sindicatos que representan a los trabajadores.
Finalmente, una tercera orden limita a un 25% de la jornada laboral el tiempo que los trabajadores pueden destinar a labores sindicales, un derecho que consagrado por el Congreso hace cuatro décadas.
Cuando Trump anunció sus planes en enero, el ex director de la Oficina de Ética del Gobierno (OGE) durante el segundo mandato de Barack Obama, Walter Shaub, interpretó sus palabras como una voluntad de politizar los empleos públicos, práctica que asoció a las de una “república bananera”. “Hay una razón por la que Estados Unidos eliminó el clientelismo de su sistema. (Pista: república bananera)”, dijo Shaub.
Los republicanos, de hecho, han mostrado su frustración por las preferencias políticas del aparato burocrático de Washington, que consideran cercano a los demócratas.
El ex presidente de la Cámara Baja, Newt Gingrich, que ha asesorado a Trump en este asunto, constató el año pasado que el 99% de las donaciones de trabajadores del Departamento de Estado y el 97% del de Justicia durante la pasada campaña presidencial fueron para la demócrata Hillary Clinton.
“Hay algunas razones para creer que un número considerable de personas no quiere que Trump tenga éxito”, dijo Gingrich, que se mostró favorable a que el presidente pueda controlar “la burocracia que se opone a él activamente”.