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Motín e incendio dejan decenas de muertos en cárcel venezolana; ONU pide una “investigación exhaustiva”

Familiares se encontraban fuera de la comandancia buscando información sobre sus seres queridos. La policía les reprimió con gases lacrimógenos.

68 reclusos perdieron la vida y más de 30 resultaron heridos durante un motín y un incendio que ocurrió en una cárcel policial sobrepoblada de Valencia, al centro de Venezuela.

Según un lacónico pronunciamiento de parte del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, 68 personas murieron en el motín y “supuesto incendio” que ocurrió en los calabozos de la policía del estado Carabobo. Sin embargo, informaciones extraoficiales señalan que la cifra sería de más de 80 fallecidos y todo habría empezado por un motín generado por un “cambio de gobierno”, o pelea entre grupos rivales por el control de los calabozos.

Otra versión apunta a un intento de fuga. Al parecer los internos habrían provocado el incendio para escaparse, pero no se les permitió salir mientras el fuego se extendía y el humo ahogaba a los detenidos, lo que terminó causando la muerte por asfixia y por quemaduras de quienes se encontraban en los calabozos.

Se utilizó el patio de la cárcel de la comandancia policial como morgue improvisada, donde se dispusieron a los cadáveres en el suelo, mientras 5 de ellos eran atendidos en planchas metálicas oxidadas.

Un recluido que murió carbonizado, denunció por teléfono desde uno de los hacinados calabozos que estaban siendo rociados con combustibles. “Nos están rociando gasolina”, dice a reporteros su esposa, Judith Bello, que le gritó su esposo cuando la llamó por teléfono.

Ninguno de los recluidos se encontraban cumpliendo condena alguna, ya que se encontraban a la espera de sus respectivos juicios para ser trasladados a centros penitenciarios. Algunos de ellos llevaban más de 2 años esperando por su audiencia en tribunales.

A pesar del caos generado alrededor de la cárcel policial debido a los enfrentamientos con gases lacrimógenos entre la policía y los familiares de los recluidos que intentaban comunicarse con sus allegados o conseguir información sobre ellos, “motín“ y ”presunto incendio“, fueron las únicas tres palabras de las autoridades sobre un incidente que dejó decenas de muertos.

A través de un comunicado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por los sucesos ocurridos en los calabozos e instó a a las autoridades venezolanas que se produzca una “investigación exhaustiva”:

“Estamos consternados por las terribles muertes de al menos 68 personas en Venezuela después de que un incendio arrasara la cárcel de una estación de policía el miércoles a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Instamos a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y efectiva para establecer la causa de estas muertes, proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando corresponda, identificar y llevar a los responsables ante la justicia.

También estamos preocupados por informes que indican que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se habían congregado frente a la estación de policía en Valencia, estado de Carabobo, para exigir información sobre sus seres queridos. Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica.

En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines.

Los Estados son los garantes de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Llamamos al Gobierno de Venezuela a que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.

Llamamos a las autoridades a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional.”