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Brasil: por primera vez desde la dictadura un militar es nombrado ministro de defensa
Temer movió el tablero y ofreció el ministerio de Defensa al número 2 de la cartera, general de reserva Joaquim Silva e Luna, ex jefe del Estado mayor del Ejército. 
Jungmann pertenece al oficialista Partido por el Socialismo y es una de las cartas de Temer para elegir un candidato de su riñón a gobernador de Río de Janeiro El presidente de Brasil, Michel Temer, otorgó más poder a las Fuerzas Armadas, al nombrar por primera vez desde la dictadura al frente del ministerio de Defensa a un general. Lo hizo en el marco de los cambios en el gabinete para crear el ministerio de Seguridad Pública luego de la intervención militar decretada para que el Ejército comande la lucha contra el delito común en Río de Janeiro.
El anuncio lo hizo en el Palacio del Planalto el portavoz de Temer, Alexandre Parola, quien anunció que este martes asumirán los nuevos ministros.
El ministerio de Defensa fue creado en 1999 y siempre fue ocupado por civiles, ya que desde el fin de la dictadura en 1985 cada fuerza funcionaba como una cartera autónoma, sin control político directo. Ahora, 19 años después, Temer decide mover el tablero y a la intervención militar en la seguridad pública de Río ofreció el ministerio de Defensa al número 2 de la cartera, general de reserva Joaquim Silva e Luna, ex jefe del Estado mayor del Ejército.
El cargo de Defensa era ocupado hasta ahora por Raúl Jungmann, un diputado aliado de Temer que pasará a ocupar la nueva cartera de Seguridad Pública, el ministerio número 29 del gabinete. El portavoz Parola anunció que será editado un decreto para estas designaciones que deben ser ratificados en 60 días por el Congreso.
La creación de este nuevo ministerio reduce el accionar de la cartera de Justicia, ya que Seguridad Pública tendrá la conducción de la Policía Federal, institución que lleva adelante la Operación Lava Jato pero cuya conducción fue cambiada por hombres del propio Temer a fines del año pasado.
Jungmann, ex ministro de Reforma Agraria en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), pertenece al oficialista Partido por el Socialismo (PPS, ex socialista) y es una de las cartas de Temer para elegir un candidato de su riñón a gobernador de Río de Janeiro en las elecciones de octubre.
“Esperamos un trámite parlamentario tranquilo para aprobar la creación de un nuevo ministerio”, dijo el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, a periodistas.
Jungmann ganó relevancia como ministro de Defensa al saltar al primer plano nacional con la decisión de Temer de intervenir federalmente con el Ejército la seguridad pública de Río de Janeiro.
Figuras relevantes en temas de seguridad no aceptaron las ofertas del gobierno para asumir en Seguridad Pública, que necesitará de un amplio tránsito para articular políticas con los gobernadores, responsables por las policías de cada estado y el servicio penitenciario.
Incluso el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, quien en setiembre se había negado a intervenir como policía interna, la semana pasada defendió una mayor protección en caso de homicidios cometidos durante las intervenciones en Río de Janeiro.
La acumulación de funciones y poder del Ejército con la intervención en Río fue una “jugada maestra” en palabras del propio Temer, para enfrentar el delito, más allá de que la capital carioca sea la décima del país en violencia.
En octubre, Temer promulgó una ley que evita que los militares que cometan delitos o maten a personas durante la seguridad interna sean juzgados por la justicia ordinaria y sí por tribunales castrenses.
El avance del poder castrense se da en un año electoral en el cual la mano dura es la principal propuesta del sorprendente número 2 en las encuestas, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, y alimenta el sueño de varios oficialistas en postular a Temer. El presidente negó ser candidato.
Otro factor que según organismos de derechos humanos encendió un debate dentro del Ejército es que la fiscal general elegida por Temer, Raquel Dodge, le pidió a la corte suprema anular la Ley de Amnistía de 1979 que prohíbe juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad.
