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Congreso de Brasil aprueba militarización de seguridad en Rio; ejército pide garantías
La intervención cede a los militares el control para acabar con la ola de violencia de los últimos meses en ese estado, que el año pasado causó 6.731 muertes. 
Con la aprobación en pleno del Congreso, la disposición decretada el viernes pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, quedó oficializada El Senado de Brasil aprobó en los últimos minutos del martes, con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto del Gobierno que determinó una intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro. que pasará a manos del Ejército hasta finales de 2018.
Con la aprobación en pleno del Congreso Nacional -la Cámara baja lo había hecho la víspera por amplia mayoría durante la madrugada-, la disposición decretada el viernes pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, queda oficializada y desde ya cuenta con aval completo para regir.
La intervención cede a los militares el control para acabar con la ola de violencia de los últimos meses en ese estado, que el año pasado causó 6.731 muertes. Entre esas víctimas se cuentan más de 100 policías y diez niños alcanzados por las llamadas “balas perdidas”.
Luego del primer mega-operativo militar, que comenzó el lunes, los episodios de violencia se repitieron el martes en Río: fue asesinado un sargento del Ejército en un intento de asalto y, en otra acción conjunta, fueron detenidos al menos once presuntos delincuentes en una favela de la zona norte.
El senador Eduardo Lopes, del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB) y que fue relator del decreto de intervención, defendió la medida y reconoció que la intervención es un acto excepcional que “no puede ser banalizado”. Según él, la aprobación del decreto permitirá que se garanticen derechos constitucionales como vida, libertad, seguridad y propiedad.
”Sabemos que esta no es (una problemática) exclusiva de Río de Janeiro. Hay altos índices de violencia en otros estados, pero sin duda la situación de Río repercute mucho más, tanto en el país como internacionalmente“, enfatizó.
El relator también defendió un reajuste de recursos para que el proyecto de intervención federal tenga eficacia: ”Si existe un estado de excepción, entonces tenemos que dar todo el empeño y sacrificio necesario para realizar este trabajo”. Representantes de varios partidos elevaron una petición al Gobierno para que transfiera recursos a este proyecto.
La votación en el Senado comenzó tres horas después de lo programado y, aunque fue ágil, estuvo marcada por el rechazo de la oposición a la medida.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, dijo que la intervención no fue planificada ya que “no es papel de las Fuerzas Armadas ejercer funciones de policía”.
El senador Lindbergh Farias, también del PT, criticó los mandatos colectivos de búsqueda y aprehensión que supuestamente serán utilizados durante la vigencia del decreto en Río, que para algunos juristas son inconstitucionales.
Sobre el tema, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Torquato Jardim, afirmó que los mandatos no serán colectivos sino que traerán nombres y direcciones de los blancos, conforme lo prevé la Constitución. No obstante, explicó, que esas solicitudes deberán contener varios nombres y múltiples direcciones, debido a la singularidad de las zonas de conflicto, lo que no deja muy clara la diferencia entre estos mandatos y los colectivos.
La falta de precisiones sobre la medida incluso llevó al ministro de Defensa, Raúl Jungmann, a aclarar que no habrá “carta blanca” para los militares en la región.
Según el diario “O Globo”, sin embargo, en una reunión que mantuvo el lunes con Temer, Eduardo Vilas Boas, comandante del Ejército, le habría pedido al presidente “garantías” para los militares durante el tiempo que dure la acción, es decir hasta el 31 de diciembre de este año.
“Necesitamos tener garantías para no enfrentar, en 30 años, una nueva Comisión de la Verdad, por lo que vamos a enfrentar en Río”, habría pedido el militar, según relataron testigos al periódico.
La Comisión de la Verdad actuó en Brasil entre 2012 y 2014 e investigó las violaciones a derechos humanos ocurridas en el país entre 1946 y 1988, principalmente en períodos en que el país era gobernado por una dictadura militar.
