El nuevo titular de la justicia electoral de Brasil, el magistrado Luiz Fux, le cerró la puerta a la candidatura del ex presidente Lula da Silva, favorito en las encuestas, a raíz de que el líder opositor recibió una condena en dos instancias y se encuadra en la Ley de la Ficha Limpia.
El que está condenado en dos instancias es ficha sucia, y el que es ficha sucia está fuera del juego democrático. Seremos irreductibles en la aplicación de la Ley de Ficha Limpia, dijo al asumir el cargo.
Esta ley puede impedirle a Lula ser candidato debido a que prohíbe la presentación en las urnas de alguien condenado en dos instancias, tal cual ocurrió con Lula el 24 de enero pasado.
El ex presidente lidera las encuestas y es precandidato del Partido de los Trabajadores, fuerza que sostiene que puede, con recursos ante el Superior Tribunal Electoral (TSE), defender la candidatura.
Fux, quien también es juez del Supremo Tribunal Federal, dijo que las elecciones de este año son un desafío especial: Tendremos una elección presidencial que se preanuncia como la más espinosa y más imprevisible desde 1989.
En 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales libres y directas desde el fin de la dictadura en 1985, las cuales polarizaron el país entre Lula y el vencedor del pleito, Fernando Collor de Mello, quien renunció dos años después de asumir por escándalos de corrupción.
Fux comandará el tribunal hasta agosto, cuando deberá pasar el cargo a Rosa Weber, la vicepresidente de la corte electoral, que deberá evaluar la recta final de la campaña para las elecciones de octubre.
El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Claudio Lamachia, presente en la asunción de Fux, defendió la aplicación de la Ley de Ficha Limpia porque es un filtro previo para el elector, evitando que condenados en dos instancias puedan candidatearse.
La ley de Ficha Limpia fue impulsada por el gobierno durante la presidencia de Lula (2003-2010).
En el plano penal, Lula debe presentar mediante sus defensores en los próximos 12 días los recursos llamados embargos de declaración ante el Tribunal Regional 4 de Porto Alegre, que lo condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción.
Una vez terminados esos recursos -de los cuales no hay plazos para que la cámara de apelaciones se expida- se ordenó la detención del ex presidente, que contra eso interpuso un hábeas corpus ante el Supremo Tribunal Federal.