La Fiscalía brasileña denunció al ex presidente Lula da Silva, ya condenado en primera instancia por el caso Petrobras, y a otras seis personas, entre ellos el ex ministro Gilberto Carvalho, por un delito de corrupción.
La querella afirma que Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, editó, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.
De acuerdo con las investigaciones, las compañías prometieron 6 millones de reales (unos 2 millones de dólares) a Lula y Carvalho, quien fue ministro de Lula y también titular de la cartera de la Secretaría de la Presidencia durante el primer Gobierno de la ex mandataria Dilma Rousseff.
“Los agentes públicos, infringiendo el deber funcional, favorecieron a las montadoras de vehículos MMC (Mitsubishi) y Caoa al editar con celeridad y procedimientos atípicos una medida legislativa exactamente en los términos encomendados” por esas empresas, afirmó la Fiscalía.
Según la denuncia, las coimas prometidas, algunas de las cuales se pagaron a intermediarios para que estos las pasaran a los políticos, eran para financiar campañas políticas del Partido de los Trabajadores (PT), de cuya fundación participó el propio Lula en 1980.
Lula y Carvalho fueron acusados de corrupción pasiva, mientras que tres empresarios, un lobista y un ex consejero del Consejo Administrativo del Fisco brasileño fueron denunciados por corrupción activa.
El proceso se enmarca dentro de la “Operación Zelotes”, que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en CARF, departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
La “Operación Zelotes” ha salpicado también a varios importantes banqueros y políticos, así como al ex ministro de Hacienda Guido Mantega, quien ocupó el cargo durante el Gobierno de Lula y en el primer mandato de su sucesora, Rousseff, destituida el año pasado por el Congreso.
Lula, que aparece primero en las encuestas electorales y ha manifestado su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2018, fue condenado en julio pasado a nueve años y medio de prisión por supuestamente haberse beneficiado de la trama corrupta que operó durante años en la petrolera estatal Petrobras.
El ex presidente fue denunciado la semana pasada, junto con Rousseff y la cúpula del PT, por los delitos de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, además de hacer frente a varias investigaciones por las confesiones de 77 ex directivos de Odebrecht, empresa implicada en la red corrupta.
Lula responderá este miércoles ante el juez federal Sergio Moro en uno de los seis juicios penales abiertos en su contra, la mayoría relacionados con el caso Petrobras.