El funeral del centésimo policía asesinado este año en Río de Janeiro dio lugar a duros cuestionamientos a la política de seguridad y la desprotección frente a las bandas criminales de un estado que condensa todos los males del Brasil.
”Cuántos Cavalcante tendrán que morir hasta que Brasil cambie?”, gritó un participante en la procesión de cerca de 300 personas en honor a Fábio José Cavalcante, de 39 años, abatido el sábado a balazos frente a la casa de su padre, aparentemente en una tentativa de asalto en la conflictiva Baixada Fluminense.
Unos veinte miembros de la Policía Militar (PM, un cuerpo que actúa bajo la autoridad de cada estado) hicieron la venia cuando el ataúd, envuelto en una bandera de Brasil, era conducido hasta el nicho donde fue depositado, en el cementerio Nossa Senhora de Belém, de Duque de Caxias.
Entre los sollozos de un padre devastado por haber asistido en directo a la ejecución de su hijo, de un hermano que es también miembro de la PM y de su viuda, se hacían oír los reclamos de “Justicia” y denuncias contra un estado corroído por la corrupción y al borde de la quiebra.
“¡La policía captura y la Corte Suprema suelta!”, lanzó uno de los presentes. “¡Queremos respuestas inmediatas del Estado!”, exigió otro, rodeado de un grupo de esposas e hijas de agentes muertos que vestían camisetas blancas con la inscripción “¡Queremos a nuestros héroes vivos!”.
De los 100 policías asesinados este año, más de la mitad estaban fuera de servicio y habrían sido ejecutados al ser identificados como agentes o en presuntos actos de venganza.
“Muchas veces, los autores de esos homicidios ya fueron detenidos dos o tres veces y se beneficiaron de las lagunas de la ley. Algunos vuelven a delinquir y muchos probablemente buscan vengarse de quienes los detuvieron”, dijo el teniente coronel Bradão, jefe del batallón al que pertenecía Cavalcante.
“Los marginales saben dónde vive el policía (...) y si matan a uno elevan su rango en la favela”, aseguró el PM jubilado Sérgio Luiz da Silva, que era amigo del fallecido.
Desde 1995, la PM de Río de Janeiro perdió más de 3.000 agentes. Solo en 2016 murieron 146, más de 100 fuera de servicio, según datos de la propia institución.
Al mismo tiempo, los uniformados son acusados de entrar a mansalva en las favelas donde vive cerca de un cuarto de los 6 millones de habitantes de la ciudad, convertidas en territorios de disputa entre bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales.
Unas 8.000 personas murieron en esas intervenciones en la última década. En 2015 fueron 645 y en 2016 más de 900, según cifras del Instituto de Seguridad Pública del estado de Río.
El gobierno del presidente brasileño Michel Temer envió este mes más de 8.000 militares para reforzar la seguridad de Río, que se degradó severamente desde el fin de los Juegos Olímpicos celebrados hace un año.
El diputado federal Sóstemes Cavalcante (sin vínculo familiar con el policía muerto) , del partido DEM (derecha) y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, consideró igualmente que “a veces los militantes pro derechos humanos se olvidan de la otra cara de la moneda”.