El juez federal Sergio Moro, que lleva la mayor parte de las causas de la Operación Lava Jato en Curitiba, condenó este miércoles al ex presidente brasileño Lula da Silva (2003-2010) a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso de un departamento tríplex que el ex mandatario habría recibido de una constructora beneficiada dentro del esquema de sobornos de Petrobras.
Se trata de la primera vez que un ex presidente de Brasil es sancionado por corrupción, aunque el mandatario no irá a prisión hasta que el fallo sea ratificado en segunda instancia.
A pesar de que Lula, máximo líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), aún puede apelar este fallo, la sentencia de Moro dificulta los planes del ex jefe del Estado para volver al poder. Si fuera condenado en segunda instancia ya quedaría prohibido de presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, como se preparaba. Todas las últimas encuestas de intención de votos lo apuntaban como el gran favorito.
La decisión del juez Moro confirma las acusaciones de la Fiscalía de que Lula, de 71 años, recibió sobornos por US$ 1,2 millones de la constructora OAS, involucrada en la red del petrolão. Los pagos habrían sido hechos en especie: un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá, la reforma y decoración del inmueble, así como el depósito para almacenar los bienes de Lula desde que dejó el Palacio del Planalto, a fines de 2010.
Según la defensa del ex presidente, el departamento nunca fue de Lula; su esposa, Marisa Leticia, lo tenía reservado para comprarlo pero desistió, y nunca estuvo a nombre del ex mandatario. Sin embargo, el ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, declaró a la Justicia que el tríplex era efectivamente de Lula y que el ex mandatario le pidió no ponerlo a su nombre hasta que no acabaran las investigaciones anticorrupción de la Operación Lava Jato.
Aunque el fallo de Moro era esperado, llega en un momento de suma tensión política en Brasil, cuando el actual presidente, Michel Temer , enfrena una denuncia por corrupción pasiva en el marco del escándalo de sobornos del frigorífico JBS, por el que podría perder el cargo en los próximos días. En estos momentos, la demanda presentada por la Procuraduría General de la República está bajo análisis de la Cámara de Diputados.
De acuerdo a los fiscales, Lula recibió de la compañía Odebrecht -principal involucrada en el petrolão- un terreno valuado en US$ 3,7 millones para la construcción de la nueva sede del Instituto Lula y un departamento en São Bernadro do Campo, valuado en US$ 156.000, en el mismo piso donde vive el ex presidente.
La nueva sede del Instituto Lula jamás se construyó. Según la defensa del ex presidente, el instituto siempre recibió donaciones legales, declaradas y dentro de la ley. El departamento está a nombre de otra persona. Sin embargo, el inmueble fue usado por la familia de Lula, que jamás pagó alquiler al propietario, primo de un empresario amigo de Lula hoy condenado por haber recibido dinero de Odebrecht.