El Congreso de España pidió exhumar los restos del dictador Francisco Franco para sacarlo del Valle de los Caídos, con el propósito de re-significar uno de los últimos monumentos de exaltación al fascismo que quedan en pie en Europa.
Sin embargo, el Ejecutivo del Partido Popular (PP) ya se negó a desenterrar al caudillo y probablemente hará caso omiso al pedido de la Cámara Baja, por tratarse de una propuesta no vinculante impulsada por la oposición.
Entre otras medidas, se propone dictaminar la ilegitimidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus sentencias, así como dotar de presupuesto a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 para asumir de una vez por todas el proceso de exhumación de las víctimas del franquismo.
La iniciativa, presentada por el Partido Socialista (PSOE), saldrá adelante por segunda vez en dos meses, puesto que la Comisión Constitucional ya dio luz verde al mismo texto el pasado 8 de marzo con apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos, los independentistas catalanes y vasco, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
El PP de Rajoy votó en contra y su socio navarro de UPN se abstuvo.
El texto no vinculante, que será votado por los diputados el jueves próximo, emplaza al gobierno a cumplir la Ley de Memoria Histórica promulgada hace casi 10 años por el presidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
También lo exhorta a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos de Naciones Unidas que en 2011 planteó trasladar a otro lugar los restos de Franco, fallecido en 1975, y de José Antonio Primo de Rivera, muerto en 1936 y fundador del movimiento fascista Falange Española.
El Valle de los Caídos, actualmente tumba y mausoleo, fue construido por el dictador para conmemorar su victoria frente a los republicanos. Allí yacen los cuerpos de 33.847 personas que perdieron la vida durante la Guerra Civil española (1936-1939).
A mediados del año pasado, la Justicia española autorizó por primera vez en la historia la exhumación de dos víctimas anarquistas, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, cuyos cuerpos fueron sepultados ilegalmente junto a los restos de su propio verdugo hace 80 años.
A pesar de que la sentencia es firme, la institución estatal Patrimonio Nacional -responsable del Valle de los Caídos- no permitió todavía el acceso de los expertos científicos para realizar las tareas de exhumación y análisis de ADN, recordó hoy en declaraciones a Télam el abogado de la familia Lapeña, Eduardo Ranz.