El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que “no hay la menor posibilidad” de que su gobierno procure paralizar las investigaciones de casos de corrupción que realiza la justicia. “Jamás el Ejecutivo va a interferir en ese asunto”, aseguró Temer en una entrevista publicada por el diario O Globo este domingo.
El mandatario sostuvo que cada poder ejerce su papel y sería un absurdo del Poder Ejecutivo querer interferir en la Justicia.
Soy muy consciente de los términos de la Constitución; no hay la menor posibilidad de interferencia del Ejecutivo ni a favor ni en contra, agregó.
Temer insistió en que es imposible, inadmisible, imaginar que el presidente de la república pueda llamar a un magistrado de la corte suprema para decirle cómo proceder sobre una investigación.
Aún cuando la entrevista fue hecha el viernes, al publicarse el domingo resultó una réplica a la afirmación del ex abogado general del gobierno Fabio Medina Osorio, quien ayer atribuyó su destitución judicial del multimillonario desvío ilegal de dinero de la petrolera estatal Petrobras.
Desde que Temer se hizo cargo del gobierno, primero interinamente el 12 de mayo, tres de sus ministros cayeron por sus nexos con los delitos investigados en la operación Lava Jato.
Asimismo, el actual titular de la Secretaría de Gobierno, Geddel Vieira Lima, es indagado por su supuesta responsabilidad en el caso y otros seis ministros fueron mencionados por testigos.
Temer -que quedó definitivamente al frente del gobierno el 31 de agosto, tras la destitución de Dilma Rousseff en juicio político- advirtió que no echará a ministros por ese motivo.
Los que salieron lo hicieron por su cuenta; yo no puedo destituir a una persona que no es juzgada ni ha sido denunciada solo porque alguien mencionó su nombre, dijo el mandatario a una supuesta estrategia del gobierno para frenar las investigaciones de casos de corrupción.
Medina Osorio, quien fue despedido el viernes pasado, afirmó ayer que el gobierno quiere tapar la operación Lava Jato, la investigación que refiere a Petrobras y ha puesto en el banquillo de acusados a decenas de políticos, empresarios de obra pública y funcionarios desleales de empresas estatales.