Venezuela solicitó a la OEA cancelar la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente del jueves sobre la crisis interna en ese país, convocada por el secretario general, Luis Almagro, según una carta dirigida a la presidencia rotativa argentina del Consejo Permanente.
El embajador venezolano Bernardo Álvarez señaló que Almagro “no está facultado” para convocar esa reunión, y debe declararse la “inadmisibilidad” de dicha solicitud.
“El Secretario General desnaturaliza su función al atribuirse competencias que los Estados miembros no le han concedido”, dijo Álvarez en el documento de tres páginas.
“Entenderlo de otro modo quebraría la columna vertebral de una organización que basa su actuación en la cooperación de los Estados miembros a partir del apego más estricto de su soberanía y la no injerencia en sus asuntos internos”, añadió.
Almagro solicitó la sesión del jueves 23 de junio invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla mecanismos para atender casos de “alteración del orden constitucional” que “afecte gravemente” el orden democrático en un país miembro de la OEA.
Siguiendo la Carta, los 34 países de la OEA deberán realizar en esa reunión extraordinaria una “apreciación colectiva” sobre el estado de la democracia en Venezuela.
Los países deberán entonces decidir, con el voto de la mayoría de los 34 países miembros, si implementan la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. La primera etapa contempla oficios diplomáticos, y la más extrema, la suspensión de la participación del país en la OEA.
Pero según Álvarez, Almagro “pretende ejercer de manera abusiva y desviada la facultad del artículo 20”. La interpretación del secretario general de ese artículo “es una puerta a la intervención que los Estados miembros han rechazado abrir”, apuntó.
Y si el Consejo Permanente acepta la reunión “estará sentando un precedente pernicioso para la supervivencia de esta organización”, añadió el diplomático.
Álvarez también dijo que la solicitud de Almagro “carece de sentido” tras la declaración adoptada por la OEA el 1 de junio en apoyo a un “diálogo abierto” entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y las fuerzas opositoras que impulsan un referendo revocatorio en su contra.