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OEA debatirá aplicación de Carta Democrática a Venezuela el 23 de junio

La sesión fue solicitada el pasado 31 de mayo por Luis Almagro, al invocar la Carta Democrática

Los 34 Estados miembros de la OEA debatirán la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en una sesión extraordinaria convocada para el 23 de junio, según una comunicación oficial enviada a las misiones.

 La sesión fue solicitada el pasado 31 de mayo por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al invocar la Carta Democrática, un instrumento jurídico que puede llevar a gestiones diplomáticas o a la suspensión de Venezuela del organismo y con el que busca aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos y acepte convocar este año un referendo revocatorio.

Almagro quería que esa reunión se hiciera “cuanto antes” en un plazo de entre el 10 y el 20 de junio, fechas que coinciden en parte con la Asamblea General anual de la organización, que reunirá a los cancilleres en Santo Domingo (República Dominicana) entre el 13 y el 15 de junio.

“Satisfacción con la presidencia del Consejo por fijación de fecha. Nuestra confianza en discusiones y decisiones que emanen de la sesión extraordinaria”, escribió Almagro en su activa cuenta de Twitter.

La sesión la ha convocado la presidencia de turno del Consejo Permanente, que ostenta Argentina, y en ella Almagro presentará el informe de 132 páginas con el que argumentó su invocación del artículo 20 de la Carta y en el que denuncia la “continuidad de las violaciones de la Constitución en Venezuela”, “las violaciones de derechos humanos” y “la falta de respuesta a la grave crisis humanitaria”.

Los 34 Estados miembros deberán pronunciarse sobre un tema que la OEA ha evitado durante años y votar sobre si, como Almagro, considera que en Venezuela “existe una alteración del orden constitucional que afecta al orden democrático”.

Si la mayoría de los países, 18, creen que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.

En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado a la organización si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”, algo que solo ocurrió tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras. En la práctica, la suspensión de un Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.

Aunque no descarta llegar a la suspensión, lo que busca Almagro con este paso sin precedentes es aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro para que acepte el referendo revocatorio que pide la oposición y libere a los presos políticos.

Por el momento, solo Paraguay ha dado apoyo explícito a su propuesta, pero Almagro está “muy tranquilo” y convencido de que su iniciativa prosperará, porque a la hora de votarla “los países van a estar del lado correcto de la historia”, según dijo la semana pasada.

Empero en la reciente reunión de la Comunidad del Caribe, Caricom, a varios de cuyos miembros Venezuela provee de petróleo a crédito, de hecho manifestaron su respaldo al gobierno de Maduro, que junto con el de los países simpatizantes con el chavismo y la revolución bolivariana, son suficientes para bloquear cualquier acción de la OEA.

La estrategia de Almagro quien parece tener un conflicto personal con Maduro, era que el asunto de la cláusula democrática se abordara previo o durante la asamblea general de OEA, pero al derivarla al 23 de junio, diluye su impacto y el calendario mundial tiene dos fechas bastante más impactantes: el 24 el referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el 26, los españoles van a las urnas para intentar destrabar la situación política que permanece paralizada desde las generales de diciembre pasado.