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Piden prisión preventiva para Lula por ocultar patrimonio y lavado de dinero
“Los cargos presentados por la fiscalía Sao Paulo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016”, dijo Lula 
Investigadores federales intentan averiguar cómo se financiaron las mejoras en el penthouse y en una casa de campo, utilizada por Lula y su familia 
La nueva denuncia aumentó la presión sobre el debilitado gobierno de Dilma Rousseff y a días de una manifestación opositora que promete ser masiva. El Ministerio Público de San Pablo solicitó la prisión preventiva del ex presidente Lula Da Silva y del ex presidente de la empresa constructora OAS, José Adelmário Pinheiro “por haber indicios suficientes de prueba” de ocultamiento de patrimonio y lavado de dinero en la construcción de un triplex en la playa de Guarujá.
El líder del Partido de los Trabajadores negó ser el dueño del departamento, que legalmente pertenece a OAS. La empresa está investigada también por el caso de corrupción de la estatal Petrobras. La semana pasada Lula ya había sido detenido con el fin de obligarlo a prestar declaración y la policía allanó su casa como parte del proceso.
“Los cargos presentados por la oficina del fiscal general de San Pablo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016”, dijo Lula en un comunicado. Ya el viernes anterior, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las mejoras realizadas al penthouse y otro proyecto de construcción en una casa de campo, utilizada por Silva y su familia, constituían favores realizados a cambio de beneficios políticos.
Ambos lugares fueron sometidos a importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal. Lula admite haber visitado el departamento en dos ocasiones, pero dijo que nunca fue de su propiedad, y sostiene que la casa de campo pertenece a unos amigos que le dejan utilizarla.
Lula da Silva gobernó Brasil entre 2003 y 2010. A pesar del escándalo de pago de sobornos a cambio de votos que forzó la dimisión de su jefe de gabinete y otros, dejó la presidencia con un nivel récord de popularidad y seleccionó personalmente a su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff, fue ganó las elecciones fácilmente.
La nueva denuncia aumentó la presión sobre el debilitado gobierno a días de que se produzca el próximo domingo una manifestación opositora que promete ser masiva. La acusación también afecta a la presidenta Dilma Rousseff que enfrenta la posibilidad cierta de un juicio político.
“Todavía hay margen para empeorar. Hay espacio para que el PT se radicalice aún más, para más violencia, más intransigencia política y parece que estamos llegando a un punto de no retorno”, declaró el analista político de la Universidad de Brasilia, Everaldo Moraes.
El lunes, Lula deberá declarar como testigo ante el juez de Curitiba Sergio Moro, que investiga el caso Lava Jato. La presión sobre el gobierno arreció hace unos días cuando reportes aún no confirmados señalaron que el senador del PT, Delcidio Amaral, acusado de participar en el “Petrolao” y hasta hace poco hombre de confianza de Rousseff y jefe de la bancada del partido en el Senado, habría testificado contra la presidenta denunciando que obstruyó la investigación sobre la corrupción en Petrobras.
El líder del Partido de los Trabajadores negó ser el dueño del departamento, que legalmente pertenece a OAS. La empresa está investigada también por el caso de corrupción de la estatal Petrobras. La semana pasada Lula ya había sido detenido con el fin de obligarlo a prestar declaración y la policía allanó su casa como parte del proceso.
