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Lula da Silva en libertad pero investigación a la familia y propiedades continúa
La Policía registró a primera hora el domicilio particular del ex mandatario, conocido como 'Lulinham', la casa de uno de sus hijos y otras residencias El ex presidente de Brasil Lula da Silva ha sido puesto en libertad después de responder durante tres horas a preguntas sobre su relación con la trama de lavado de dinero y corrupción del 'caso Petrobras'. La Policía registró a primera hora de la mañana del viernes el domicilio particular del ex mandatario, conocido como 'Lulinham', la casa de uno de sus hijos y otras residencias cuya propiedad se atribuye a la familia, en el marco de la 'Operación Lava Jato'.
Según la Policía existen pruebas de que Lula se ha beneficiado de la trama de sobornos de Petrobras a través de reformas que realizó en su casa de vacaciones. Además, también hay evidencias de que las campañas del Partido de los Trabajadores y los gastos del ex mandatario fueron costeados ilegalmente.
“El ex presidente Lula, además de ser el líder del partido, fue el responsable último de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos sobornos”, afirma un comunicado de la Policía.
“Hay evidencia de que los sobornos le enriquecieron y financiaron las campañas electorales y las arcas de su partido político”, añade la nota.
La operación se enmarca en las investigaciones de corrupción en Petrobras encabezada por el juez federal Sergio Moro, que está a cargo de las averiguaciones sobre una red que se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares de las arcas de la petrolera.
Según confirmó la Policía Federal, los agentes iniciaron las indagaciones este viernes a las 06.00 hora local, cuando se presentaron en la residencia de Lula en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la periferia de Sao Paulo. Según los informes, el ex mandatario, que se encontraba solo en casa, abrió la puerta y “estaba tranquilo”.
También registraron la sede del Instituto Lula, que dirige el ex presidente; una finca de la localidad paulista de Atibaia y un apartamento en el balneario de Guarujá, entre otros lugares. En esos dos últimos casos, las autoridades sospechan que esas propiedades pertenecen en realidad a Lula, aunque figuran a nombre de otras personas allegadas al ex mandatario.
El instituto que dirige el ex presidente ha denunciado la vasta operación policial en su contra como una “agresión al estado de derecho”, que calificó de “arbitraria, ilegal e injustificable.
Fuentes policiales han confirmado que también ha sido allanada la residencia en Sao Paulo de uno de los hijos de Lula, que está bajo sospecha de haber incurrido en algunas prácticas corruptas junto con su padre.
La policía ha confirmado que se cumplían con 33 órdenes de registro y 11 órdenes de detención, incluyendo dos en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, una de ellas la del ex presidente.
Además de Lula, entre los objetivos de la operación se encuentran su esposa, Marisa, y sus hijos Marcos Cláudio, Fábio Luis y Sandro Luis, así como su hija Marlene Araujo.
Unas horas después el Instituto Lula emitía un comunicado en el que negaba su conocimiento y participación en la gran red de corrupción en la petrolera estatal. El ex mandatario aseguraba en la nota que ”jamás participó, directa o indirectamente, de cualquier 'ilegalidad', ya sea en el caso que afecta a la petrolera o en cualquier otro, antes, durante o después de su gobierno”.
El comunicado de Lula hacía referencia a un artículo publicado en la revista 'Istoé' en el que se publicaba una supuesta declaración del ex líder del Gobierno en el Senado, Delcidio Amral, en la que acusa a Lula y a su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff, de tener conocimiento de la trama corrupta y de intentar ocultarla ante la Justicia.
Según la publicación, el senador, que pertenece al mismo partido que Lula y Rousseff (el Partido de los Trabajadores), declaró que fue Lula quien le “pidió expresamente” que intentara sobornar al ex director de Petrobras Nestor Cerveró, uno de los principales implicados en el escándalo, para convencerlo a no seguir colaborando con la justicia.
