Un grupo de diputados brasileños presentó una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojar de su escaño al presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, por las sospechas de corrupción que pesan sobre él.
La petición fue firmada por 49 diputados, 34 de ellos integrantes del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la presidenta Dilma Rousseff, y el resto de otras seis fuerzas oficialistas y opositoras, según anunciaron los impulsores de la iniciativa.
La moción acusa a Cunha de violar el decoro parlamentario y supondrá el inicio de un proceso con miras a la destitución del presidente de la Cámara baja, que está siendo investigado por la Fiscalía por las sospechas de que se benefició de la red de corrupción destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
Uno de los impulsores del pedido de investigación, el diputado Chico Alencar, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), afirmó que los comportamientos de Cunha son “indignos” e “impropios” de un diputado.
La situación del presidente de la Cámara de los Diputados se agravó la semana pasada cuando la Fiscalía suiza transfirió a Brasil una investigación abierta contra él por sospechas de lavado de dinero y corrupción.
La presión sobre Cunha aumentó en los últimos días con el surgimiento de nuevos indicios de que obtuvo al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción que operó en Petrobras y que habría depositado en cuentas secretas en Suiza.
Con base en esas denuncias, hasta los partidos opositores han exigido que deje el cargo “para que pueda ejercer, de forma adecuada, su derecho constitucional de amplia defensa”.
Los opositores, que promueven un juicio político con fines de destitución contra Rousseff, temen que la investigación contra Cunha pueda arañar la “legitimidad” del proceso puesto que es su atribución aceptar a trámite o denegar los pedidos de esta naturaleza.
Cunha ha alegado inocencia y declarado que no tiene planes de renunciar, así como ha asegurado que su decisión sobre un juicio contra Rousseff se basará en un “estricto análisis” desde el punto de vista jurídico.
La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.