La presidenta brasileña Dilma Roussseff, anunció que le pedirá al Congreso un nuevo mandato para el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, al que algunos legisladores han cuestionado por supuestamente extrapolarse en la investigación del escándalo de corrupción en Petrobras.
La decisión de mantener al Procurador (Fiscal) en su cargo por otros dos años fue anunciada en la reunión que la jefe de Estado tuvo el fin de semana con Janot y con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, informó la Presidencia en un comunicado.
La mandataria optó por atender la recomendación de los propios miembros de la Procuraduría, que en votación interna escogieron mayoritariamente a Janot como el más apto para el cargo y para continuar al frente de la investigación sobre los millonarios desvíos de recursos de la petrolera estatal.
“La elección de la presidenta acoge nuevamente la posición de la mayoría de los miembros del Ministerio Público Federal y garantiza así, de hecho, la autonomía que la Constitución de 1998 le otorga a esta importante institución de la República”, según el comunicado.
Janot se ha convertido en blanco de crítica de numerosos parlamentarios por sus acciones en la investigación del gigantesco escándalo de corrupción, ya que presentó denuncia contra medio centenar de políticos con foro privilegiado acusados de amparar los millonarios desvíos de recursos de la petrolera estatal.
Entre los principales críticos destacan el ex-presidente y senador Fernando Collor, que esta semana usó una grosería en un discurso en el pleno del Senado para descalificar al fiscal, y el diputado Eduardo Cunha, presidente de la Cámara baja y que el mes pasado anunció su decisión de abandonar la base oficialista por sentirse perseguido por el Gobierno.
Ambos figuran en la lista de políticos acusados por Janot de beneficiarse de los desvíos de Petrobras.
Según las cuentas de la propia empresa, cerca de 2.000 millones de dólares fueron desviados por la red de corrupción enquistada en la estatal desde hace casi una década y que cuenta con la complicidad de políticos que tienen apadrinados en la petrolera.
La red es liderada por una veintena de grandes empresas que obtenían contratos amañados con la petrolera; inflaban sus valores y repartían las diferencias con ex-directores de Petrobras y con políticos que amparaban esas maniobras.
La indicación de la jefe de Estado para que se le otorgue un nuevo mandato al Fiscal tiene que ser sometida inicialmente a votación en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, en la que 9 de sus 27 integrantes figuran en la lista de acusados de corrupción en el caso Petrobras.
Tras su aprobación en la CCJ, el nombramiento es sometido a votación secreta en el pleno del Senado.