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Fiscalía acusó formalmente a cuatro ex-diputados por corrupción en Petrobras

Lunes, 18 de mayo de 2015 - 09:07 UTC
“Necesitamos una reforma política, aprobación de medidas contra la impunidad. Se reclaman reformas estructurales y sistemáticas”, dijo el fiscal Dallagnol. “Necesitamos una reforma política, aprobación de medidas contra la impunidad. Se reclaman reformas estructurales y sistemáticas”, dijo el fiscal Dallagnol.
Entre los arrestados está André Vargas, del PT de Rousseff; Pedro Correa del oficialista Partido Progresista (PP) y Luiza Argolo, de Solidaridad (SD). Entre los arrestados está André Vargas, del PT de Rousseff; Pedro Correa del oficialista Partido Progresista (PP) y Luiza Argolo, de Solidaridad (SD).
Balance de fiscalía: 28 denuncias a 128 personas; 70 órdenes de prisión; 200 de allanamiento; 140 investigaciones policiales y 450 procesos judiciales Balance de fiscalía: 28 denuncias a 128 personas; 70 órdenes de prisión; 200 de allanamiento; 140 investigaciones policiales y 450 procesos judiciales

La Fiscalía de Brasil acusó formalmente a cuatro ex-diputados, tres de ellos ya presos, y a nueve personas más por el caso de corrupción en Petrobras.

 ”Los tres (ex-diputados) ya habían sufrido acusaciones criminales, no obstante es la primera vez que las acusaciones son formales dentro del núcleo de agentes políticos”, declaró en una rueda de prensa en la sureña ciudad de Curitiba, donde se adelanta el proceso judicial, el procurador federal Deltan Dallagnol.

Tres de los ex-diputados acusados hoy están presos desde el pasado abril en el marco de la undécima fase de la operación policial y son sospechosos de delitos como corrupción, fraude en licitaciones, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal.

Entre los arrestados en abril figuran André Vargas, que era correligionario de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT); Pedro Correa del oficialista Partido Progresista (PP) y Luiza Argolo, del opositor Solidaridad (SD).

La hija de Pedro Correa, la ex-diputada Aline Correa, también del PP, fue formalmente acusada, pero no está presa todavía.

Dallagnol calificó que la “situación representa el comienzo del cierre de un ciclo” y explicó que “la operación se ha divido en tres núcleos: el de los operadores de los funcionarios públicos, el de los empresarios y el de asuntos políticos”, en referencia al tipo de acusados por el gigantesco escándalo de corrupción.

“Necesitamos una reforma política, aprobación de medidas contra la impunidad. La sociedad y todos nosotros necesitamos reclamar reformas estructurales y sistemáticas”, agregó Dallagnol.

El fiscal del caso señaló que “la acusación más simbólica es la de Pedro Correa, porque por primera vez muestra un claro esquema partidario”, en el que seis de los otros nueve acusados hoy están vinculados directamente a los políticos implicados.

El último lunes, la Policía Federal anunció que presentaba cargos contra treinta personas, incluidos los tres ex-diputados, y de esa treintena la Fiscalía decidió acusar ante la Justicia a trece de ellas.

A lo largo de las investigaciones, han sido arrestados cinco ex altos cargos de Petrobras y una veintena de ejecutivos de importantes constructoras que tenían contratos con Petrobras. Según las investigaciones, las constructoras pagaron sobornos a cambio de ser favorecidas en las licitaciones de Petrobras y esos fondos eran distribuidos entre los partidos políticos que apoyaban las corruptelas.

Petrobras calcula que la corrupción le costó perjuicios por cerca de 2.000 millones de dólares. Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de pena, entre ellos el cambista Alberto Youssef y el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, que ya han sido condenados.

Los corruptos confesos han denunciado a unos cincuenta políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.

La Fiscalía también presentó en Curitiba, el balance actualizado después de un año de la operación. En total, son 28 denuncias contra 128 personas; más de setenta órdenes de prisión y 200 de allanamiento, ejecutadas en once fases; 140 investigaciones policiales y 450 procesos judiciales; y 46 pedidos de cooperación internacional.

Igualmente se presentaron en el año de investigaciones quince acuerdos de delación premiada con restitución voluntaria de 570 millones de reales (unos 190,3 millones de dólares). Para la Fiscalía, el cálculo de los sobornos alcanza los 6.194 millones de reales (unos 2.068 millones de dólares) y para fines de resarcimiento a terceros y devolución a la estatal se tienen bloqueados bienes y cuentas en Brasil y el exterior por valor de 1.986 millones de reales (unos 663,1 millones de dólares).

Categorías: Política, Brasil.