En un comunicado hecho público a última hora del jueves, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina cataloga como 'inexacta' la información que ha circulado con relación a supuestos embargos a cuentas bancarias de la Embajada Argentina en el Reino de Bélgica y a sus funcionarios.
Explica que en primer lugar, corresponde señalar que no se produjo ningún embargo por pedido de algún fiscal o funcionario judicial del Reino de Bélgica. Tampoco se produjo embargo alguno a cuentas de los funcionarios argentinos.
Por el contrario, los fondos buitre procuraron extorsionar nuevamente a la República mediante la contratación de un oficial de justicia (cuya actividad allí es privada) para que proceda directamente a congelar ciertos fondos de la Embajada hasta cubrir la suma de U$S 284.184.632. La República ha tomado conocimiento de ello a través de una copia del oficio dirigido a la entidad bancaria, pero no ha recibido notificación alguna por parte de la Cancillería o la justicia belga respecto del congelamiento de €52.001,12 alcanzados por la actuación del oficial de justicia.
Los intentos de embargo de los demandantes sobre cuentas diplomáticas en Bélgica ya han fracasado en más de una oportunidad. Tal como lo reconoció en dos ocasiones la Corte de Casación Belga, tribunal supremo de dicho país, cuando rechazó la pretensión de los fondos buitre, los bienes diplomáticos -como las cuentas bancarias de una embajada- gozan de una inmunidad específica en el derecho internacional. Por lo tanto, las cuentas bancarias de la Embajada Argentina en Bélgica y de la Misión de la República Argentina ante la Unión Europea no pueden ser objeto, en ningún caso, de un embargo preventivo.
Sin perjuicio de que en esta medida no ha participado ningún juez o fiscal, la República se encuentra adoptando las medidas pertinentes que el caso requiere para que los litigantes cesen en su abusiva conducta. Las maniobras realizadas por los fondos buitre con el objetivo de congelar ciertos fondos de la Embajada y de la Misión Argentina no son más que un nuevo intento extorsivo y un claro abuso de proceso pasible de ser sancionado por los tribunales belgas.