MercoPress. South Atlantic News Agency
Falklands/Malvinas: Argentina formalizó denuncia penal contra petroleras de las Islas
Filmus, a cargo de Asuntos Relativos a Malvinas dijo que Argentina “defiende sus recursos naturales” y agregó que el gobierno aportó pruebas “suficientes”. 
Para Rosendo Fraga se trata “más de un gesto político en el marco de esta escalada diplomática, antes que una acción con efectos concretos”. 
El canciller británico Hammond hizo un llamado para que “Argentina se comporte como un miembro responsable de la comunidad internacional”. Argentina denunció el martes a nueve empresas extranjeras por supuesta exploración ilegal de petróleo en aguas de las Islas Falklands/Malvinas, una demanda que encontraría dificultades para prosperar fuera del país. La denuncia penal, presentada ante la justicia federal de la provincia de Tierra del Fuego, solicita que se inicie una investigación para determinar si esas multinacionales violaron la ley de hidrocarburos.
Las denunciadas son las compañías británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc y Falkland Oil And Gas Limited, la estadounidense Noble Energy Inc. y la italiana Edison International SpA, que integran un consorcio que contrató una plataforma semi-sumergible que el 6 de marzo inició una exploración en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros del archipiélago situado en el Atlántico sur.
Se las acusa de desarrollar “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico, en proximidades de las Islas Malvinas, área que forma parte de la plataforma continental argentina, sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”, según la denuncia reproducida por la agencia oficial de noticias Télam.
Además fueron acusadas otras cuatro sociedades que en forma directa o indirecta habrían ayudado a consumar el supuesto delito al aportar buques y otros elementos para evaluar la sustentabilidad de los yacimientos. Son Petroleum Geo-Services, Desire Petroleum, Neptune EHF y Ocean Rig.
Las empresas también fueron acusadas de contaminación del medioambiente e “importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras”.
Los fiscales pidieron una serie de pruebas para individualizar e indagar a los responsables de las empresas, según Telam.
El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la cancillería argentina, Daniel Filmus, dijo que con la denuncia Argentina “defiende sus recursos naturales” y que el gobierno aportó pruebas “suficientes”.
Algunas de las empresas ya han recibido penas administrativas por parte de las autoridades y fueron inhabilitadas para operar en territorio argentino por 15 y 20 años.
La ley contempla penas de 5 a 10 años de prisión para los directivos de las compañías y otros empleados de menor jerarquía por la búsqueda de hidrocarburos sin autorización de la Secretaría de Energía y de 10 a 15 años por la extracción de los recursos.
La denuncia fue presentada ante la jueza de la ciudad de Río Grande Lilian Herraez.
La empresa norteamericana con sede en Houston, se limitó a decir que “nuestros contratos son con el gobierno de las Islas Falklands.”
El canciller británico Philip Hammond ha calificado la actitud argentina de “muestra de la intimidación en contra del derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos económicos” y agregó que era hora que Argentina se comportara como un miembro responsable de la comunidad internacional.
Según el analista político Rosendo Fraga la decisión de denunciar a las petroleras “que exploran con licencia del gobierno de las islas... es más un gesto político en el marco de esta escalada diplomática, antes que una acción con efectos concretos”.
Para el abogado Juan Javier Negri, especialista en derecho comercial internacional, es muy posible que estas empresas “no tengan representantes y activos en Argentina y si se quisiera sancionar habría que ejecutar la sentencia fuera del país”.
En el caso de que la justicia argentina ordene la indagatoria o captura de los directivos de las petroleras, “habrá serias dificultades para su implementación” debido a las “duras condenas” que contempla la ley local, que “avanza mucho más” que otras legislaciones en ese terreno.
Los jueces del exterior tendrán que ver ”sobre qué base se hace la solicitud y si (ésta) obedece al derecho internacional”, señaló Negri.
