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Lo que faltaba en Brasil: descubren fraude fiscal de unos 6.000 millones de dólares
El inspector de la Policía Federal Cajado dijo que varias empresas sobornaron a la CARF, organismo de Hacienda que estudia las apelaciones por disputas impositivas. Las autoridades brasileñas este jueves informaron del hallazgo de un fraude fiscal dentro del Ministerio de Finanzas que podría haber costado casi 6.000 millones de dólares a los contribuyentes. La noticia se conoce en medio de otro escándalo multimillonario de corrupción en Petrobras, que puso en jaque al poder político brasileño y a la economía del país.
En el último caso, el inspector de la Policía Federal Marlon Cajado dijo que varias empresas sobornaron a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un organismo del Ministerio de Hacienda que estudia las apelaciones por disputas impositivas, para obtener dictámenes favorables que reducían o condonaban las cantidades adeudadas.
La policía dijo que está pesquisando a 70 compañías, a las que no identificó. Miembros de la agencia de apelaciones, al igual que consultores fiscales y abogados sospechosos de actuar como intermediarios en la recepción de sobornos, también están siendo investigados.
Hasta ahora, los expertos han detectado decisiones sospechosas que costaron al estado 5.000 millones de Reales por concepto de evasión fiscal, y están analizando otros casos que podrían elevar el total a 19.000 millones de Reales, indicó la agencia impositiva en un comunicado.
Los casos investigados llegaron a la oficina entre 2005 y 2013, mucho antes de que el actual ministro de Hacienda, Joaquim Levy, asumiera el cargo.
Aunque Levy no será responsabilizado, el escándalo podría empeorar el clima político en un momento en que la popularidad del Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, se ha hundido por el caso de corrupción en Petrobras y el estancamiento de la economía.
“Esto complica aún más la atmósfera”, dijo un funcionario del Ministerio de Finanzas que pidió permanecer en el anonimato ante la sensibilidad del asunto. “Nuestra única alternativa es combatir la corrupción”.
El jueves temprano, la policía irrumpió en las oficinas del CARF en Brasilia, así como las casas y despachos de consultores y abogados acusados de estar implicados en la trama en Brasilia y en los estados de Sao Paulo y Ceará.
Se incautaron documentos y 1,3 millones de Reales, pero no hubo arrestos, informó Cajado a la prensa. Aseguró que compañías industriales, agrícolas, de ingeniería civil y bancos pagaron sobornos de hasta el 10% para “manipular” los dictámenes en disputas por casos que implicaban entre 1.000 y 3.000 millones de Reales en impuestos adeudados.
Los sospechosos se enfrentan a cargos por tráfico de influencias, corrupción, conspiración criminal y lavado de dinero, castigados con penas de hasta 50 años de prisión. Asimismo, se anunció que se reabrirán los casos de las firmas acusadas de pagar para obtener dictámenes favorables.
