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Bachelet ahora golpeada por “letra chica” del escándalo de especulación inmobiliaria de su hijo
La nueva arista hace aún más compleja la situación de Davalos, quien por el escándalo renunció como director sociocultural de la Presidencia chilena. Un segundo contrato que buscaba elevar aún más las ganancias por la reventa de terrenos en el llamado caso Caval, que involucra al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, fue revelado en Chile.
Según señalaron algunos medios de prensa, el millonario negocio, concretado con un préstamo 10,4 millones de dólares de parte del Banco de Chile y pactado por Dávalos y su esposa con uno de los dueños de la institución, contenía una cláusula en caso de la reventa de los terrenos.
Si esa reventa se concretaba, Mauricio Valero socio en la propiedad de la empresa Caval de la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, obtendría otros 1.300 millones de pesos chilenos (unos 2,04 millones de dólares), por sobre los 4,8 ya ganados por la enajenación de los terreno ubicados en la localidad de Machalí, en la región de O’Higgins.
El grueso del negocio se basada en el cambio de uso de las tierras, desde agrícolas a edificación, lo que permitiría desarrollar proyectos inmobiliarios.
La nueva arista hace aún más compleja la situación de Daavalos, quien producto del escándalo debió renunciar a su cargo de director sociocultural de la Presidencia chilena.
El hecho ha golpeado fuertemente al Gobierno y a la popularidad de la presidenta Bachelet, que según las últimas encuestas se encuentra bajo el 40%. También se ha abierto un proceso judicial para indagar el negocio tras denuncias de negociación incompatible y tráfico de influencias.
Los nuevos datos indican que Hugo Silva, empresario que compró los terrenos, firmó un contrato privado con Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon, con el que ambas partes esperaban sumar como mínimo 1.300 millones de pesos chilenos (unos 2,05 millones de dólares) a los 2.500 millones (4,8 millones de dólares) ya obtenidos por la venta de los predios Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia.
La condición era venderlos dentro de un año por un monto no menor a 14.700 millones de pesos (22,5 millones de dólares), para que luego ambas partes se repartieran las nuevas ganancias.
En este segundo contrato se le entrega a Inmobiliaria e Inversiones FVM, de propiedad de Mauricio Valero, la atribución exclusiva para que vuelva a vender a un tercero los mismos terrenos. El documento otorga los derechos para la venta de los predios y sus respectivos derechos de agua, ya sea a un mismo comprador o a distintos actores de forma simultánea.
El texto suscribe que la firma “solo podrá ceder el presente contrato a otra sociedad, representada y controlada por Mauricio Guillermo Valero Illanes”.
La única sociedad que posee Valero es Caval, donde es socio con Compagnon.
Paralelamente a la investigación que realiza la justicia del negocio en sí, el comprador de los terrenos, Hugo Silva, interpuso una querella por estafa en contra de Caval, al no haberse concretado el cambio de uso de suelo de los terrenos en cuestión.
En el marco de esa querella, esta semana la Fiscalía requisó desde una notaría en que estaban bajo custodia tres cheques de Caval destinados a Hugo Silva, uno de ellos por 2.000 millones de pesos.
