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Gobierno argentino acusa al fallecido Nisman de buscar “la desestabilización política”
El aviso fue publicado en los principales diarios argentinos bajo el título, “Compromiso, verdad y justicia” El gobierno argentino consideró, en una serie de avisos en los principales diarios que la desestabilización era el objetivo de la denuncia, desechada por la justicia, que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y varios funcionarios de su gobierno.
“Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?”, se cuestiona el texto publicado por el Ejecutivo en los diarios locales bajo el título, ”Compromiso, verdad y justicia”.
Nisman apareció muerto el 18 de enero en el baño de su apartamento, con un disparo en la cabeza de una pistola calibre 22 que le había pedido prestada a un colaborador, en un hecho que aún se investiga. Cuatro días antes había acusado a la presidenta Cristina Fernández de proteger a ex-gobernantes iraníes por el ataque a la mutual judío-argentina AMIA en 1994 con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
La justicia federal rechazó la semana pasada esta acusación por “inexistencia de delito” y carecer de sustento jurídico, debido a que Cristina Fernández no pidió a Interpol levantar los pedidos de captura de los sospechosos, como sostenía Nisman, entre otros puntos.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó la acusación revelando dos documentos firmados por el propio Nisman en diciembre de 2014 y enero de 2015, en los cuales en lugar de acusar a la presidenta, reconocía su trabajo en aras de esclarecer el caso. Los documentos fueron entregados por una colaboradora de Nisman a la justicia.
“En esos documentos el fiscal Nisman inclusive hacía hincapié en el ofrecimiento a Irán de realizar el juicio en un tercer país y en la firma del memorándum de entendimiento, como dos intentos del gobierno para ’lograr el objetivo de siempre: sentar a los acusados ante el juez y de este modo, permitir avanzar la causa hacia el juicio oral’”, sostiene el gobierno.
En su comunicado, el gobierno se pregunta “¿de qué dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con el Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a la presidenta de encubrimiento?”. En respuesta, el gobierno lanza un “llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional a escuchar a la víctimas del atentado y sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente prestan atención” .
También solicitó “acompañar el juicio oral que se llevará adelante por el verdadero encubrimiento del atentado” en el que está acusado el ex-presidente Carlos Menem (1989-1999) y otros ex-altos funcionarios por su presunta responsabilidad en el desvío de pruebas e irregularidades en la primera instrucción de la causa.
El gobierno estimó que ese juicio, previsto para el próximo semestre y que sentará en el banquillo a un ex-juez y el ex-titular del organismo judío DAIA Rubén Beraja, entre otros, “también pone bajo la lupa al sistema penal federal”.
