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Consenso político en Perú para transparentar el sistema electoral y de partidos
El acuerdo fue logrado durante la segunda reunión convocada por el Ejecutivo con los partidos políticos, e inaugurada por el presidente Ollanta Humala 
“La clase política ha cerrado filas en el sentido de que no se permitirá candidatos con antecedentes” penales o judiciales, dijo la primera ministra Jara El gobierno y 15 partidos políticos de Perú lograron un consenso para sancionar a las agrupaciones y a los políticos que estén involucrados en casos de corrupción, como parte de las medidas para implementar la reforma electoral en el país, según informó la primera ministra, Ana Jara.
El acuerdo anunciado este martes fue logrado durante la segunda reunión convocada por el Ejecutivo con los partidos políticos, que fue inaugurada por el presidente de Perú, Ollanta Humala, y presidida por Jara en el Palacio de Gobierno.
“Hemos tomado debida nota de la diferentes posturas, en lo que sí nos congratulamos es que existe unanimidad en sancionar tanto al partido político como al candidato que es sancionado con una sentencia firme por delitos de corrupción en agravio del Estado”, declaró Jara a los periodistas al término de la reunión.
En la reunión se discutió la reforma política parlamentaria, que incluyó temas como un pacto para neutralizar el transfuguismo político, la financiación de los partidos políticos, la creación de un registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravios del Estado y la no reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes.
Entre los participantes en la cita estuvieron representantes de la fujimorista Fuerza Popular, Perú Posible, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Partido Nacionalista, Partido Popular Cristiano y Partido Humanista Peruano.
El Partido Aprista, del ex-presidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), fue la única agrupación de alcance nacional que no participó, al alegar desacuerdo con la agenda elegida para la cita.
La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; el de Perú Posible, el ex-mandatario Alejandro Toledo, y la del Partido Nacionalista y esposa de Humala, Nadine Heredia, enviaron representantes.
“La clase política ha cerrado filas en el sentido de que no se permitirá candidatos con estos antecedentes” penales o judiciales, dijo la primera ministra antes de enfatizar que “no puede ser posible que una vez que cumplan su inhabilitación vuelvan a presentarse” a una candidatura.
Remarcó que también se busca impedir la postulación o permanencia en cargos públicos de personas sentenciadas por delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo.
Jara señaló que existe el consenso de que el partido político que obtenga un escaño en el Congreso con uno de esos candidatos perderá la plaza sin opción de reemplazarla. “Esa silla vacía tendrá que ser un símbolo de vergüenza”, enfatizó.
Jara también dijo que los partidos han coincidido en que se debe “condenar severamente el transfuguismo”, que los candidatos deberán ofrecer antes de las elecciones toda la información de su hoja de vida, incluidos sus antecedentes policiales y judiciales, y debatir la financiación pública de los partidos políticos.
La primera ministra aseguró que aún quedan “otros ejes de desarrollo que debatir: el tema de seguridad ciudadana y el tema de la política social”, con lo que adelantó que se convocará a otros encuentros políticos, cuya fecha no adelantó.
Durante la primera reunión de diálogo, celebrada el 9 de febrero pasado, se acordó el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), a propuesta de la esposa de Humala, como presidenta del Partido Nacionalista, tras las denuncias de espionaje a políticos y personajes opositores al gobierno.
