La Procuraduría de Colombia entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) un listado que contiene 2.760 casos de desapariciones atribuidas al grupo guerrillero FARC y que, según dijo la entidad, se encuentran en “absoluta” impunidad.
El responsable de la Procuraduría (Ministerio Público), Alejandro Ordóñez, se reunió esta semana con una delegación de la CPI para entregarles el documento que recopila estos casos, de los cuales 1.200 se han producido desde 2002.
Además, la Procuraduría indicó que tiene constancia de 6.690 desapariciones desde ese año “que no indican el posible autor”, pero que en un “número importante correspondería a ese grupo al margen de la ley (FARC)”.
La información parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Medicina Legal y se entrega a la CPI porque, según explicó el ente público, preocupa la impunidad “absoluta” en la que se encuentran estos casos.
“La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas no tiene registro de sentencias condenatorias de miembros de las FARC por el delito de desaparición forzada. Preocupa al Ministerio Público que la impunidad en este caso es absoluta”, afirmó la entidad.
Con la entrega del documento al organismo judicial internacional, el Ministerio Público confía en que los responsables de esas desapariciones “sean investigados, juzgados y condenados”.
“Los casos no deben quedar en la impunidad y de llegar a ser así, tratándose de un crimen de lesa humanidad, corresponderá a la Corte Penal Internacional activar su competencia para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas”, sostienen en su comunicado.
La entrega del informe llega tras numerosas críticas de Ordóñez al proceso de paz que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen desde noviembre de 2012 en La Habana, pues siempre ha dudado de que los guerrilleros vayan a responder ante la Justicia por los crímenes cometidos en el conflicto armado.
En las conversaciones de paz se debate actualmente el tema de víctimas, que implica verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.