MercoPress. South Atlantic News Agency
Maduro autoriza a militares a abrir fuego para evitar desórdenes en protestas
La resolución firmada por el ministro de Defensa venezolano General Vladimir Padrino, y no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas 
Delsa Solórzano, coordinadora de DDHH consideró como “abominable” e inconstitucional la regulación y anunció que la denuncia será llevada ante ONU. Una resolución firmada por el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino, faculta a las fuerzas armadas de ese país recurrir a las armas de fuego u “otra arma potencialmente mortal” en caso de manifestaciones, con el fin de “evitar desórdenes”.
La resolución, número 8610 y publicada el 27 de enero pasado, contradice el artículo 68 de la Constitución venezolana, que sostiene: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Paralelamente, la Carta Magna no habilita a las fuerzas armadas a intervenir en las protestas, al disponer que “la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
El Nacional de Caracas informó que la resolución no es una ley como exige la Constitución, “y no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, más allá de definir escuetamente la 'violencia mortal' como la creación de una situación de riesgo mortal”.
En Caracas y otras ciudades se registraron durante la primera mitad del 2014 unas violentas protestas callejeras en contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, las que dejaron 43 muertos, 878 lesionadas y varios centenares de detenidos.
Además, cada día se observan interminables filas para ingresar a los supermercados venezolanos, debido a la escasez de alimentos de primera necesidad que atraviesa el país y que motiva cada vez más a los ciudadanos a rechazar al régimen.
La resolución indica que este es un recurso para “apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”. También permite a los militares usar “equipos y materiales que permitan el registro de los hechos para evaluar posteriormente los procedimientos”.
Delsa Solórzano, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la alianza opositora, consideró como “abominable” e inconstitucional la regulación.
En un comunicado instó a los militares a no cumplir la orden de sus superiores sobre el uso de las armas para contener las protestas, y dijo que “quienes cometan delitos amparados por órdenes superiores serán sancionados”.
La dirigente anunció que la alianza opositora llevará la denuncia sobre la nueva normativa a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La coalición tiene previsto también introducir el próximo lunes en el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad de la resolución.
