El embajador interino de Estados Unidos en Argentina, Kevin Sullivan, considera importante que el país trasandino salga del default para volver a la senda del crecimiento económico y atraer a los inversores, en declaraciones publicadas por medios locales.
Es importante que Argentina salga del default lo antes posible para poder retornar a la senda de crecimiento económico sustentable y atraer la inversión que necesita, dijo Sullivan al diario Clarín.
El embajador se refirió así a la crisis de la deuda que atraviesa Argentina a consecuencia del fallo favorable a los fondos especulativos que demandaron a Argentina en EE.UU. por la deuda todavía afectada por el cese de pagos de 2001.
El fallo establece que Argentina debe pagarles 1.300 millones más intereses desde 2001.
Como parte de la aplicación del fallo, el juez neoyorquino Thomas Griesa mantiene bloqueado el pago a los otros acreedores argentinos, los que poseen bonos sujetos a las reestructuraciones de 2005 y 2010, con las que Argentina resolvió en parte el problema del default.
Argentina venía muy bien, resolviendo problemas claves para su reinserción en los mercados financieros. El acuerdo con el Club de París es importante y contundente. Traerá beneficios a la Argentina, aseguró Sullivan.
Además, el embajador explicó que Estados Unidos no apoya la iniciativa para regular los procesos de reestructuración de la deuda a través de las Naciones Unidas porque considera que no es el ámbito para encontrar una solución eficiente.
La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado martes la petición interpuesta por el G77+China para establecer un marco normativo sobre la reestructuración de la deuda soberana, a raíz del caso argentino.
Es mucho mejor trabajar sobre mecanismos de mercado que ya existen para emitir deuda soberana antes que crear una convención en la ONU o ir a La Haya, opinó Sullivan.
Argentina presentó una demanda contra Estados Unidos ante el Tribunal de La Haya por considerar que el Poder Judicial de ese país ha vulnerado la soberanía argentina con sus decisiones sobre la deuda estatal, pese a que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de esa Corte Internacional.
El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir con el fallo judicial favorable al 1% de los acreedores porque violaría los acuerdos con los bonistas reestructurados (el 92,4% del total) y desencadenaría un aluvión de denuncias millonarias.