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Argentina estudia despenalizar el consumo de drogas; elaboran proyectos

Lunes, 11 de agosto de 2014 - 11:49 UTC
Cristina Fernández dio luz verde, pero hay mucha resistencias en las provincias que son más conservadoras Cristina Fernández dio luz verde, pero hay mucha resistencias en las provincias que son más conservadoras
Secretario de Seguridad, Berni, está entre los más radicales: quiere “regular la cadena de producción y la comercialización de todas las drogas”. Secretario de Seguridad, Berni, está entre los más radicales: quiere “regular la cadena de producción y la comercialización de todas las drogas”.

Siguiendo el sendero trazado por el gobierno del presidente José Mujica, la administración argentina comenzó a trabajar en una batería de propuestas vinculadas con la despenalización del consumo de drogas y la intención es que sea discutida en el Congreso antes de que termine el año.

El principal responsable de llevar adelante esta iniciativa, que divide aguas incluso dentro del oficialismo, es el padre Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien no bien asumió, en diciembre pasado, se mostró a favor de no “criminalizar” al adicto e iniciar un camino hacia la modificación de la ley de estupefacientes.

Sin formalidades, el funcionario, un cura muy cercano a la familia Kirchner, le adelantó la idea a un grupo reducido de invitados a un acto encabezado por la Presidenta, en la Casa Rosada.

Fue el jueves 31, a la tarde, cuando una decena de gobernadores y dirigentes asistió a la firma de un convenio de refinanciación de deudas provinciales. Cayó, en los más conservadores, como una verdadera bomba.

“La idea es ir despacio y consensuar”, explicó una fuente oficial al tanto del trámite, que tendría como punto de ingreso la Cámara de Diputados. Aún en estado embrionario, no está definido su texto. Trabajarán en él, además de la Sedronar, un puñado de técnicos y legisladores.

Hoy, la ley argentina pena con prisión toda tenencia de estupefacientes. Pero en el fallo Arriola, de 2009, la Corte Suprema afirmó que es inconstitucional castigar a una persona adulta por tener y consumir marihuana si no pone en peligro a terceros.

Este fallo, que debe ser acatado por los tribunales inferiores, dio lugar a interpretaciones diversas respecto de qué está permitido y qué no; cuál es el máximo de droga considerada para “consumo personal”, y en qué casos se afecta a terceros.

Además, como el texto de la ley no se modificó, las fuerzas de seguridad argentinas siguen deteniendo a consumidores con cantidades mínimas de droga y se forman infinidad de causas penales cuyo destino dependerá de la interpretación de Arriola que haga cada juez.

Por lo visto la iniciativa de reforma es tomar como base al menos dos proyectos. Uno, el que presentó el senador Aníbal Fernández en 2012, que legaliza la tenencia para consumo de todo tipo de drogas, elimina la persecución penal del cultivo de marihuana para uso privado y aborda otros capítulos, como el control de precursores químicos.

Con espacio para incorporar nuevos aportes, la otra iniciativa fue la presentada, hace casi dos años, por la diputada Diana Conti. Hubo, entonces, un impulso inicial del Frente para la Victoria que arribó a un acuerdo con bloques opositores -de la UCR y el FAP- para luego quedar en el limbo, por una contraorden de la Casa Rosada.

Son varios los integrantes del gabinete que plantearon la necesidad de dar una discusión pública. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, encarna una de las posturas más radicales: hace tres semanas habló no sólo de despenalizar el consumo, sino que afirmó que el Estado debe “regular la cadena de producción y la comercialización de todas las drogas”.

Para Berni, el modelo actual para combatir las adicciones y el narcotráfico fracasó en el mundo y hay que encontrar paradigmas nuevos, en el marco de políticas regionales. Más allá de su inclinación por un cambio estructural, cerca suyo aclaran que no está volcando estos conceptos en ningún proyecto.

El avance del plan empezó a circular en sectores del peronismo que, con la mirada clavada en las elecciones, imaginan un impacto negativo, sobre todo en el interior, donde los votantes suelen ser más conservadores.

Además, en su análisis, se entrecruzan temas sensibles como la inseguridad y la penetración del narcotráfico, que pueden dar pie a un debate áspero y con poco que ganar. También, con papel protagónico, está la resistencia de la Iglesia.