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Víctimas de violencia en Colombia piden a EE.UU. y Cuba desclasificar documentos

“Estados Unidos debe comprender que este es el momento para iniciar la desclasificación de archivos”, dijo José Antequera Guzmán

Las víctimas de la violencia en Colombia esperan que Estados Unidos y Cuba desclasifiquen documentos que ayuden a esclarecer los crímenes que han dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos en décadas de conflicto armado, indicaron en Washington portavoces de grupos civiles.

“Estados Unidos debe comprender que este es el momento para iniciar la desclasificación de archivos”, dijo José Antequera Guzmán, fundador de “Hijos e Hijas por la Memoria”, organización de jóvenes que han perdido sus parientes debido a la violencia, y añadió que “sin eso no se puede comprender el conflicto ni solucionarlo”.

“Necesitamos el apoyo y la ayuda de la comunidad internacional, y la información que tengan el Gobierno de Estados Unidos, el Estado cubano y otros Estados sobre la violencia en Colombia”, insistió Antequera.

“El Gobierno de Estados Unidos lleva más de medio siglo interviniendo en la guerra”, afirmó, por su parte, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia. “Ha llegado el momento de que intervenga para la paz”, agregó.

En el último medio siglo la violencia ha causado en Colombia 6,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos, heridos y exiliados, según la Unidad de Víctimas del Gobierno colombiano.

Según Antequera Guzmán, hijo del dirigente de la izquierdista Unión Patriótica José Antequera, asesinado en 1989, “todos en Colombia conocen de los crímenes de la guerrilla y de otros grupos, pero lo que no se conoce son los crímenes del Estado”.

Mientras el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización guerrillera más antigua y más grande de América Latina, negocian en La Habana, “tenemos una oportunidad histórica de que se conozca toda la verdad”, agregó Antequera.

De su lado, Arias sostuvo que “las comunidades indígenas y afrocolombianas, los campesinos, hemos sufrido y seguimos sufriendo la violencia del Estado, de los paramilitares, de los insurgentes y de los traficantes de drogas”.

“Conocemos los resultados del Plan Colombia”, agregó refiriéndose a un programa con un costo de más de 9.000 millones de dólares y por el cual EE.UU. ha apoyado a las fuerzas de seguridad de Colombia en una campaña contra el tráfico de drogas que ha incluido la fumigación dentro de regiones enteras.

“El Plan Colombia debe cambiar para la paz (…) Deben cesar las fumigaciones”, aseguró Arias.

“En La Habana se habla de la paz, pero nuestros territorios siguen siendo escenario de guerra, hay una lucha constante por el control de territorio, por el tráfico de drogas, por la minería”, añadió el dirigente indígena.

“Insistimos -dijo- en una cesación bilateral de las hostilidades para ir creando un ambiente de paz”.

Arias y Antequera señalaron que en Colombia debe establecerse un “proceso de la verdad”, para que se conozcan los detalles y las responsabilidades por los actos criminales ocurridos en décadas de violencia cometidos tanto por las fuerzas del Estado como por los otros actores de los conflictos.

“La demanda por la justicia, más que buscar el encarcelamiento de los responsables, tiene que ver con que se logre desactivar a los grupos paramilitares vigentes hoy en el país y que están vinculados a quienes detentan el poder”, señaló Antequera.

Para un proceso de pacificación efectivo y el conocimiento de la verdad histórica, dijo Arias, “hay que fortalecer la participación de las víctimas y de la sociedad civil en la construcción de la paz”.

“Es necesario generar los mecanismos de participación de las víctimas y de cada sector organizado del país con un enfoque territorial, de género, étnico, rural que nos permita avanzar hacia la reconciliación de todos los colombianos”, apuntó Arias.