Ministerio Público (Fiscalía) de Río de Janeiro denunció a un ex-director de Petrobras y otras ocho personas por un fraude en una licitación, en un nuevo caso de presunta corrupción que salpica a la petrolera estatal brasileña.
El acusado es el ex-director Internacional de la empresa Jorge Luiz Zelada, a quien se acusa de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en una licitación realizada en 2010 por valor de 825,6 millones de dólares, según un comunicado.
Entre los investigados se encuentra el director de Contratos de Odebrecht, Marco Antonio Duran, y los abogados, técnicos e ingenieros de Petrobras que supuestamente participaron en el fraude, relativo a un plan de acción de certificación en seguridad, medio ambiente y salud.
Los acusados se enfrentan a posibles penas de cuatro años de prisión y podrían ser obligados a pagar multas del 2 % del valor del contrato licitado.
La Fiscalía instó a la Policía Civil de Río de Janeiro a abrir investigaciones sobre otros contratos del área internacional de Petrobras firmados en los últimos años y en los que existen sospechas de fraude.
Entre ellos, se incluye la venta de la refinería de San Lorenzo (Argentina) en 2010, una operación que ya es objeto de una investigación policial por supuestas irregularidades.
Además, la Fiscalía sospecha que se hayan cometido irregularidades en la compra de un bloque exploratorio en Namibia, en la contratación de una empresa de perforación en alto mar y en la venta en 2013 del 27,3 % de la participación que Petrobras Argentina tenía en la distribuidora de energía Edesur.
El Congreso brasileño ha instaurado dos comisiones de investigación para averiguar dos operaciones de Petrobras en las que existen sospechas de corrupción.
Uno de los casos investigados en el Congreso es la compra de una refinería en Pasadena (EE.UU.), en una operación que fue aprobada en 2006 por el Consejo de Administración de la empresa cuando estaba integrado por la actual jefa de Estado, Dilma Rousseff.
La oposición ha pedido explicaciones a la mandataria por su responsabilidad en la aprobación del negocio, que fue perjudicial para la empresa, y la propia Rousseff ha exigido que se investiguen “con rigor” todas las supuestas irregularidades.
La otra operación es la construcción de la refinería Abreu e Lima, en el estado brasileño de Pernambuco, para la cual Petrobras tenía una sociedad con la petrolera venezolana PDVSA, que finalmente desistió de participar en el negocio.