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Argentina suma solidaridad en Gran Bretaña en su lucha contras los fondos buitres
Las adhesiones se suman a las de más de 100 parlamentarios británicos que presentaron una moción contra el accionar de los fondos especulativos Un amplio grupo de parlamentarios de distintos partidos, economistas, intelectuales, periodistas, referentes de la opinión pública local, sindicalistas y activistas británicos sumaron sus nombres a una declaración de “Solidaridad con la Argentina contra los fondos buitre”, que alcanzaron a la Embajada Argentina en Londres.
Las adhesiones se suman a las de más de 100 parlamentarios británicos que el pasado 4 de junio presentaron una moción contra el accionar de los especuladores y a favor de la Argentina.
El texto de solidaridad condena la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de rechazar la apelación argentina, advierte sobre el peligro que el fallo conlleva para los procesos de reestructuración de deuda y llama a los principales organismos reguladores internacionales a rechazar la decisión del máximo tribunal estadounidense y a trabajar en la creación de un mecanismo de arbitraje para deudas soberanas que sea transparente, independiente y justo.
A continuación el texto completo de la declaración:
“Solidaridad con la Argentina contra los fondos buitre”
Nosotros, los abajo firmantes, condenamos la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio de 2014, que rechazó la apelación de la Argentina en su caso contra los fondos buitre. Estos fondos se dedican a comprar deuda devaluada a precio vil a sus tenedores originales, para luego tratar de obtener ganancias extraordinarias a través de litigios judiciales, partiendo de una “inversión” inicial mínima.
Fallos previos de tribunales inferiores favorables a los fondos buitre ya habían suscitado diversas críticas desde numerosos sectores. Más de cien parlamentarios británicos expresaron su preocupación de que “los fondos buitre están impidiendo la justa implementación de los procesos de reestructuración de deuda” y exhortaron al Gobierno del Reino Unido a compartir su experiencia legislativa en materia de fondos buitre con el Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, llamaron a impulsar propuestas legislativas para impedir que los fondos buitre ignoren los procesos de reestructuración de deuda en los casos de Argentina y Grecia en los tribunales británicos, y apoyaron la creación de un mecanismo de arbitraje para deudas soberanas que sea transparente, independiente y justo.
El G77 más China -bloque multilateral formado por 133 países- también estableció: “Destacamos la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen los esfuerzos de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional”.
Al privilegiar los intereses de un pequeño grupo de especuladores deshonestos, la Corte Suprema de Estados Unidos ha puesto en peligro el pago regular que la Argentina viene realizando a más del noventa por ciento de sus acreedores, quienes ya han aceptado una quita sustancial sobre sus títulos originales como consecuencia del default soberano de hace más de una década.
El fallo ha negado toda noción de responsabilidad de los acreedores en la deuda y, por lo tanto, anula cualquier obligación que estos pudieran tener para comprometerse en un proceso de renegociación.
Si el fallo forzara a la Argentina a un nuevo default, echaría por tierra años de esfuerzos por parte del Gobierno argentino para volver a los mercados de capitales.
Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostiene que actuó con el objetivo de preservar el status de Nueva York como uno de los principales mercados de capitales. No obstante, el efecto bien podría ser el opuesto, llevando a futuros tomadores de deuda hacia otros mercados más ordenados.
Esta decisión supone una seria amenaza no sólo para la Argentina y su pueblo, sino para todas las Naciones, tanto desarrolladas como en desarrollo.
Nos unimos a esta corriente internacional de opinión en su llamamiento a los principales organismos reguladores internacionales para que rechacen la decisión de la Corte y comiencen a trabajar en la creación de un mecanismo de arbitraje para deudas soberanas que sea transparente, independiente y justo.
