UNASUR manifestó su “pleno respaldo” a la Argentina tras la sentencia de la Justicia de EE.UU. que obliga al país suramericano pagar una deuda de 1.300 millones de dólares, más intereses, a un grupo de fondos especulativos.
“La UNASUR manifiesta su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República Argentina frente al reciente fallo judicial referido a un grupo minoritario de tenedores de títulos de deuda soberana de la República Argentina pendiente de restructuración (hold-outs)”, transmitió la organización en un comunicado difundido por la Cancillería argentina.
Asimismo, la institución “rechaza el comportamiento de agentes especulativos que ponen en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la estabilidad financiera global”, y reconoce los esfuerzos realizados por Argentina para reestructurar la deuda estatal que quedó en mora tras la crisis económica de 2001.
“En tal sentido, manifiesta su pleno respaldo al logro de una solución que no comprometa el amplio proceso de reestructuración de su deuda soberana”, prosigue el comunicado.
La UNASUR se sumó así a los respaldos ya transmitidos por los integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en un conflicto que mantiene a Argentina en riesgo de declarar una suspensión de pagos.
El Ejecutivo argentino se mantiene a la espera de que el juez neoyorquino Thomas Griesa, responsable del fallo que obliga a Argentina a pagar íntegramente su deuda a los denominados “fondos buitre”, se pronuncie sobre una petición realizada por el país para tratar de evitar un “default” técnico (suspensión de pagos).
El Gobierno de Cristina Fernández solicitó este lunes al magistrado una medida que suspenda las órdenes “pari passu (en igualdad de condiciones)” incluidas en la sentencia, mientras negocia una forma de pago con los fondos litigantes.
Las órdenes “pari passu” implican que si Argentina quiere cumplir con el 92 % de bonistas que sí aceptaron, con importantes quitas, los canjes de deuda de 2005 y 2010, debe saldar primero cuentas con los fondos que denunciaron al país ante la justicia de Estados Unidos para reclamar el pago íntegro.