El Gobierno chileno enviará este mes al Parlamento el proyecto de ley de reforma tributaria, uno de los principales compromisos electorales que le dieron el triunfo a Michelle Bachelet, quien el pasado miércoles asumió la presidencia del país.
“La presidenta ha decidido presentar el 31 de marzo el proyecto de reforma tributaria (…), lo que necesita el país ahora es un gobierno que comience hacer las cosas de forma urgente y para eso necesitamos el trabajo mancomunado de todos los actores”, manifestó el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo.
Las declaraciones del “número dos” el gabinete de Bachelet se produjeron después de que este lunes tuviera lugar el primer consejo político del nuevo gobierno, que está integrado por cuatro ministros, además de los jefes de los partidos de la alianza oficialista Nueva Mayoría.
La reforma tributaria, que prevé elevar el impuesto a las empresas del 20 al 25 %, es además una pieza indispensable para la financiación del nuevo modelo de educativo, que prevé la gratuidad de la enseñanza en un plazo de seis años.
“La primera reforma estructural que se va a presentar al Parlamento será la tributaria (…), que permite recaudar los recursos necesarios para financiar la reforma educacional y satisfacer otras necesidades sociales”, explicó el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde.
El portavoz gubernamental anunció que el Ejecutivo también acordó imprimir “suma urgencia” a la tramitación parlamentaria del Acuerdo de Vida en Pareja, una iniciativa emblemática del anterior Ejecutivo que Sebastián Piñera (2010-2014) no pudo sacar adelante por el rechazo de una parte del oficialismo.
“Se ha resuelto darle suma urgencia a este proyecto como una señal clara del compromiso del Gobierno de Michelle Bachelet para eliminar toda forma de discriminación en nuestro país”, enfatizó el ministro portavoz al referirse a la iniciativa que dota de un marco jurídico a las uniones de hecho entre dos personas, incluso del mismo sexo.
Por otro lado, Elizalde anunció que en los próximos días se revisarán los nombramientos de medio millar de cargos de confianza para verificar que cumplen con los todos requisitos, tras la polémica surgida por una supuesta falta de idoneidad en el caso de algunos gobernadores e intendentes regionales.
“El proceso de instalación del nuevo gobierno es sumamente complejo, sobre todo cuando hay un cambio de coalición”, agregó por su parte el ministro del Interior.