Las autoridades de Perú han enviado un contingente de la Policía para fortalecer la seguridad en la ciudad sureña de Tacna, ante el fallo que emitirá el lunes la Corte Internacional de Justicia en el litigio por límites marítimos con Chile, según reveló el ministro del Interior, Walter Albán.
”Es intención evitar cualquier manifestación que pueda poner en riesgo la tranquilidad” en esa ciudad, fronteriza con Chile, afirmó el ministro en una entrevista con una radio oficial.
Albán también dijo que las autoridades peruanas han coordinado con los Carabineros de Chile para establecer algunas medidas de seguridad interna en sus respectivos países.
En “varios aspectos, en términos operativos, sí se han tomado (acuerdos) en el marco de las conversaciones que ha tenido nuestra cancillería”, acotó.
Las autoridades chilenas también informaron la semana pasada que tomarán las medidas necesarias para asegurar la tranquilidad de las decenas de miles de peruanos que viven en Santiago una vez que se conozca el fallo.
El pasado martes, la canciller de Perú, Eda Rivas, visitó Tacna, ciudad fronteriza con la chilena Arica, para reunirse con autoridades regionales y locales.
En estas reuniones las autoridades locales confirmaron la positiva relación que existe entre Tacna y Arica y el clima de confianza que prevalece entre los ciudadanos a ambos lados de la frontera común.
Tacna y Arica mantienen un fluido intercambio comercial y turístico, al punto que las autoridades peruanas indican que la ciudad peruana recibe unos 20.000 visitantes chilenos al día.
El presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur) de Tacna, David Rendón, afirmó la semana pasada que su ciudad recibe unos 400 millones de dólares anuales por concepto del turismo, atribuidos en un 95% a los visitantes chilenos.
En 2008, Perú demandó a Chile ante la CIJ para definir los límites marítimos en una línea equidistante a las costas de ambas naciones, con el argumento de que nunca han sido fijados.
Para Chile, la frontera marítima fue definida en tratados firmados en 1952 y 1954, que Perú considera que solo son acuerdos pesqueros.
Ambos Gobiernos han declarado en numerosas oportunidades que acatarán el fallo que se dictará en La Haya, que es inapelable y de cumplimiento obligatorio para las partes.