El Jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitancih confirmó este jueves el envío a Córdoba de mil efectivos de las fuerzas federales como parte de un programa de seguridad preventiva, luego de que efectivos de la Policía provincial fueran sancionados porque presuntamente promovían un nuevo acuartelamiento.
En la tradicional conferencia de prensa temprano en la mañana en Casa de Gobierno, Capitanich aseveró que el apoyo de las fuerzas federales es absolutamente contundente para evitar cualquier tipo de acción que implique una medida extrema y advirtió que no se aceptarán medidas extorsivas.
Asimismo, Capitanich aclaró que la medida fue dispuesta a partir de una requerimiento formal del gobernador cordobés, José Manuel De la Sota e instó a los fiscales y jueces a cumplan el rol institucional para identificar a quienes son responsables.
Varios efectivos de la Policía de Córdoba fueron sancionados porque, presuntamente, estaban incentivando una nueva protesta salarial de uniformados , informó Martín Berrotarán, integrante del Tribunal de Conducta Policial. Las esposas de los uniformados iban a encabezar la manifestación para reclamar por el incumplimiento de algunos de los puntos acordados durante la protesta policial de inicios de diciembre pasado.
El personal seguiría incentivando a la tropa a tomar las mismas medidas que en diciembre pasado. Por eso el tribunal decidió aplicar una medida preventiva, que es la pasiva, separarlos de sus cargos, para que no interfieran en la investigación, señaló Berrotarán.
La protesta que impulsaban para este jueves tenía como objetivo denunciar el incumplimiento de algunos de los 14 puntos que se acordaron durante el auto-acuartelamiento de los pasados 3 y 4 de diciembre de 2013, cuando la ausencia policial en las calles devino en saqueos que ocasionaron un muerto y pérdidas millonarias en comercios de la capital provincial.
El malestar policial, y los saqueos, luego se extendieron a la mayoría de las provincias argentinas.