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Canal de Panamá: constructoras alegan que datos geológicos no eran correctos
El presidente Martinelli se reúne este lunes con las empresas y la ministra española Ana Pastor El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que reúne a las empresas involucradas en la ampliación del Canal de Panamá y cuyo reclamo de 1.600 millones de dólares por sobrecostes ha generado un planteo diplomático del presidente Ricardo Martinelli ante España e Italia, sostienen que la demanda se justifica “porque la autoridad administradora no dio la información geológica correcta”.
En la primera rueda de prensa desde que GUPC advirtió de la suspensión, que entregó el pasado 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) , el coordinador del GUPC, el italiano Paolo Moder, dijo que, si finalmente se rompe el contrato, “acudiremos a todas las instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos, a todos los lugares y países que tengamos que ir”.
GUPC, encabezado por la compañía española Sacyr Vallehermoso en asociación con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, exige a la ACP que le reconozca unos 1.600 millones de dólares en sobrecostes para terminar la construcción del tercer juego de gigantescas esclusas de la ampliación del Canal de Panamá.
“Después de los 21 días, si no hay acuerdo, definitivamente se suspenden las obras, no es que se termina la obra”, matizó.
No obstante, aseguró que GUPC quiere terminar la obra en el plazo anunciado de junio de 2015 y su reclamo lo hace con apego al contrato original suscrito en 2009 y a las leyes panameñas, por 3.118 millones de dólares.
Un portavoz de la ACP confirmó que el grupo constructor ya ha recibido desembolsos por 2.831 millones de dólares, conforme a lo establecido en el contrato.
Moder aseguró que “todo se ha invertido” en la obra y ninguna de las empresas del consorcio “ha retirado dinero” como ganancia. Incluso detalló que, adicionalmente, los socios del GUPC, excepto Cusa, han invertido de sus fondos otros 280 millones de dólares, “y continúa absorbiendo hoy en día otros costos”.
El gerente de la construcción de la esclusa del sector Atlántico, el español José Peláez, detalló que los 1.600 millones del reclamo se explican en que no se pudo usar el basalto que la ACP les dijo era el adecuado para hacer el concreto, que estaba en la misma área donde se excavaría para levantar la esclusa del Pacífico.
“Además, la ACP no previó, pese a sus estudios de más de 7 años y nosotros tampoco porque nos basamos en esa información que nos suministraron, que hay fallas geológicas a lo largo de 2,5 kilómetros de las esclusas del Pacífico”, apuntó Peláez.
El ejecutivo enfatizó que ello explica “la mayor parte del reclamo”, mientras Moder detalló que la consecuencia de esas dos circunstancias geológicas conlleva “llevar el material excavado a otro depósito (doce millones de toneladas métricas), comprar en otras canteras el basalto requerido y, además, rellenar con concreto las fallas geológicas descubiertas”.
“Nos dimos cuenta cuando estábamos excavando”, argumentó. La ACP es responsable -por contrato- de las condiciones físicas no previsibles en dichas áreas y por la información geotécnica dada al contratista, sostuvo Peláez. Especificó que otro factor de sobrecostes es el retraso en siete meses para la aprobación de la fórmula del concreto utilizado para edificar las esclusas.
“Elaboramos la fórmula que nos exigían, pero ahora estamos usando la que en principio nos rechazaron porque demostramos que era la adecuada”, resaltó Peláez.
Por su parte, un portavoz de la ACP dijo que la institución está “de acuerdo en revisar todos los reclamos, pero insiste en que se haga por los mecanismos establecidos en el contrato, no fuera de él ” .
“La ACP está dispuesta a pagar lo que esté justificado”, reiteró. El administrador del Canal, Jorge Quijano, anticipándose a una terminación abrupta del contrato con GUPC, anunció en días pasados que la ACP está lista para asumir la finalización de la obra, ya sea en conjunto con la aseguradora Zurich, garante del contrato, o subcontratando a otro constructor.
De acabarse el contrato anticipadamente, Moder anticipó que el coste de la obra se aumentaría en unos 2.000 millones de dólares, implicaría un retraso en la entrega “con todo lo que ello implica para Panamá y el comercio mundial” y “el nuevo contratista no daría las garantías técnicas de diseño y operación que GUPC hoy por hoy ofrece”.
La ampliación del Canal de Panamá, con una inversión calculada en 5.250 millones de dólares (que incluye unos 1.000 millones en contingencias) , aumentará la capacidad de transporte de carga de la vía de 300 a 600 millones de toneladas anuales.
Para el lunes próximo se espera una reunión entre la ACP, GUPC y la ministra española de Fomento, Ana Pastor, encargada de mediar en el contencioso contractual, anunció el viernes el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien ha manifestado que los sobrecostes del consorcio son “un cuentito”.
