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Temiendo más protestas, el sistema político brasileño acuerda no aumentar gastos

Jueves, 21 de noviembre de 2013 - 20:22 UTC
En junio/julio pasados más de un millón de brasileños se hicieron a las calles contra  la corrupción y pésimos servicios públicos En junio/julio pasados más de un millón de brasileños se hicieron a las calles contra la corrupción y pésimos servicios públicos

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, acordó con el Congreso un pacto por cual no se aprobarán ningún tipo de proyectos que supongan gasto para las arcas públicas hasta el segundo semestre de 2014.

 La medida, a la que se comprometió la mandataria después de las fuertes protestas que sacudieron las calles de Brasil durante los últimos meses, nace con el fin de evitar la reducción de los ingresos a través de los impuestos y nuevos gastos no previstos en los presupuestos del Estado, como algunos de los millonarios dispendios dirigidos hacia la celebración del Mundial de fútbol.

El Ejecutivo apuntó que el acuerdo alcanzado con la oposición y el resto de congresistas es “imprescindible” si se quiere “continuar con los programas gubernamentales de desarrollo sostenible”, como las políticas de redistribución de la riqueza, la creación de empleos y la inversión en infraestructuras urbanas, energéticas y de logística.

Al mismo tiempo, según afirmaron fuentes oficiales, este pacto de austeridad propiciará el cumplimiento de los objetivos fiscales fijados a principios de año, tanto por parte de las autoridades nacionales como de las internacionales.

No obstante, tal y como ha informado el periódico brasileño ‘Folha de Sao Paulo‘, desde el mismo Gobierno se está instando a Rousseff a que continúe avanzando en la reforma fiscal y se comprometa públicamente a alcanzar un superávit del 2% del PIB, siendo del 2,3 la meta oficial.

El pacto fiscal se encuadra dentro de las cinco promesas de Rousseff para mejorar la situación social y económica del país, junto a la reforma política y a una serie de medidas que aumenten la calidad de los servicios públicos de educación, salud y transporte.