Según un informe de seguridad de represas publicado esta semana por la autoridad brasileña de agua y saneamiento (ANA), correspondiente al período 2024-2025, 241 de estas estructuras requieren una gestión prioritaria de riesgos, ya que sus administradores no han cumplido con todos los requisitos vigentes.
El sector eléctrico brasileño opera en estado de “alarma amarilla” debido a una fuerte sequía que afecta la capacidad de generación de muchas plantas hidroeléctricas y hay temor en el gobierno de Dilma Rousseff que se repita el fenómeno que determinó la suerte del gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 2001, forzado a racionar el fluido energético.