
El Ministerio Público chileno determinó que la explotación sexual infantil en el país sudamericano constituyó un problema estructural creciente entre 2022 y 2024, afectando de manera desproporcionada a las adolescentes de 14 a 17 años. Esto llevó a las autoridades a exigir una mayor intervención estatal para garantizar el cumplimiento de la Convención de Lanzarote.