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La Corte Interamericana juzga las muertes del 11 de abril de 2002 en Caracas
Los únicos condenados por aquellos hechos fueron agentes de la Policía Metropolitana, liberados este año, y el comisario Iván Simonovis, que huyó de su arresto domiciliario en 2019 y vive exiliado La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró esta semana en San José, Costa Rica, la primera audiencia pública del caso por las muertes del 11 de abril de 2002 en Caracas, cuando una marcha opositora fue atacada a tiros en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Ese día murieron 19 personas y decenas resultaron heridas, en la antesala del golpe que apartó durante dos días del poder al entonces presidente Hugo Chávez.
El caso, conocido como Trujillo y otros contra Venezuela, fue llevado al sistema interamericano ese mismo año por los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal. La Comisión Interamericana lo remitió a la Corte el 9 de julio de 2024, tras concluir que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la reunión y a las garantías y la protección judiciales, y que no demostró que el uso de la fuerza letal fuera legítimo, necesario ni proporcionado. La Corte aún no se ha pronunciado.
Ante el tribunal declaró la periodista Delvalle Canelón, que presenció los disparos desde una azotea y fue testigo en el juicio celebrado en Venezuela. Relató que durante ese proceso fue amenazada por dos de los hombres que dispararon desde el puente Llaguno, que más tarde fueron absueltos. “No ha habido investigación en Venezuela en relación con estos hechos. Existe una impunidad total que se mantiene hasta hoy”, afirmó Romero. Mohamed Merhi, padre de Jesús Capote, un joven de 18 años muerto de un disparo en la cabeza, sostuvo que la impunidad “es el resultado de un sistema que ha protegido a los responsables”.
Los únicos condenados por aquellos hechos fueron agentes de la Policía Metropolitana, liberados este año, y el comisario Iván Simonovis, que huyó de su arresto domiciliario en 2019 y vive en el exilio. Aunque Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2013, la Corte conserva competencia sobre los hechos ocurridos antes de esa fecha.
Las partes tienen hasta el 13 de noviembre para presentar por escrito sus alegatos finales, en los que podrán incluir a presuntas víctimas que quedaron fuera del expediente inicial y la solicitud de reparaciones.
